«En el debate sobre la reforma de las pensiones, la demografía y la inmigración son dos temas tabú»

Ddemografía e inmigración: hay nada menos que dos temas tabú en el debate sobre la reforma de las pensiones. La primera, la demografía, es mayoritariamente rechazada por los opositores al principio mismo de la reforma. Pretenden creer que una Francia envejecida con una tasa de natalidad en declive puede actuar como si nada hubiera pasado. Señalar que la relación entre trabajadores y jubilados ha pasado de 2 cotizantes por un jubilado en 2004 a 1,7 en 2019 y debería bajar a 1,5 en 2040 no induce a un juicio de valor sobre la pertinencia o la justa o no de la reforma deseada por el Presidente de la República

Casualidad del calendario, la publicación del informe demográfico del INSEE, martes 17 de enero, en plena polémica sobre las jubilaciones, pone de manifiesto la fragilidad de nuestro inestimable sistema por reparto basado en la solidaridad entre activos y jubilados, es decir, entre generaciones. El nivel históricamente bajo del balance natural (el exceso de nacimientos sobre las defunciones), sin precedentes desde 1945, y el crecimiento acelerado del porcentaje de mayores de 65 años en la población (21%) pesan claramente sobre el futuro del sistema de pensiones.

“Los bebés de 2023 son los contribuyentes de 2043”señala la Unión Nacional de Asociaciones de Familia, que pide al gobierno relanzar «política familiar»en particular proporcionando una “servicio público de guardería”. Pero el recordatorio de las realidades estadísticas no puede limitarse a un argumento político de circunstancia. Al proyectarse para hacer opinión pública en las próximas décadas, el proyecto de reforma de pensiones claramente pone en juego el destino de las generaciones futuras.

Décadas de ocultación

La cuestión de los flujos de inmigración es el segundo tabú que pesa sobre las controversias en curso sobre las pensiones, y especialmente sobre la propia demografía. El Gobierno, mientras prepara un proyecto de ley, uno de cuyos artículos prevé el establecimiento de un permiso de residencia de «trabajo de corta duración» destinado a permitir la regularización de los trabajadores extranjeros en situación irregular, lucha por adquirir la dimensión demográfica y contributiva .

Para convencer a la derecha, que amenaza con negarse a votar el texto, el ejecutivo trabaja para minimizar el alcance. » Nuestro compromiso [est] recurrir a la inmigración económica no comunitaria sólo de forma subsidiaria”insiste Gérald Darmanin en Le Figaro. Para atraer a la izquierda, que pide regularizaciones pero rechaza la parte represiva del proyecto de ley que pretende facilitar las deportaciones a la frontera, el mismo Ministro del Interior encomienda la Mundo : “Quizás no damos suficientes permisos de residencia a la gente que ha trabajado y que algunos patrones usan como ejército de reserva, para hablar como Marx. »

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