Sus altos cargos legales traseros. Uno está acusado por su ex esposa de no pagar la cuota alimentaria. El otro fue investigado por plagio.
El comienzo de 2023 lega con más de un dolor de cabeza para el presidente Gabriel Boric. A los 13 polémicos indultos que costaron la renuncia de su ministra de Justicia el sábado, sumó en las últimas horas una controvertida designación de dos altos puestos de esa área, en un nuevo golpe al gobierno del joven mandatario.
Se trata de su postulante para la Fiscalía General de Chile, el abogado Angel Valencia, del cual trascendió en la prensa en la noche del mismo sábado que en los primeros años del 2000 fue ddemandó por su ex mujer por no pago de alimentos a sus tres hijospor lo que tuvo una orden de arresto.
Sus abogados ganaron un amparo y rebajaron el monto de la deuda a costa de un litigio que apareció años.
Al mismo tiempo, la prensa chilena revela que Luis Cordero Vega, propuesto por Boric para reemplazar a la titular de Justicia renunciante, Marcela Ríos, tiene antecedentes de plagio intelectual que datan de 2015.
En ese entonces este docente en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile fue sancionado por esa misma casa de estudios por un caso de plagio al haber usado transcripciones literales de párrafos ajenos en el reverso de sus libros, publicados el 2011 y 2015, sin indicar la fuente respectiva.
En agosto de 2015 se instruyó un sumario en su contra basado en denuncias de tres profesores (Claudio Moraga, Cristián Román y Gladys Camacho), el cual concluyó con un suspensión de dos meses con goce de medio sueldo.
Por su parte, el decanato de la Universidad de Chile calificó las faltas como “infracciones al deber de probidad administrativa”.
El desgaste del gobierno
Estos horribles errores del equipo presidencial someten al gobierno a une nuevo desgaste y conceden munición pesada a sectores de la oposición conservadora contra el presidente, que el mismo sábado quizás admita equívocos En la concesión de doce indultos a convictos por delitos cometidos en el estallido social de 2019 hay un exguerrillero, Jorge Mateluna, condenado por el robo a un banco en 2013.
El caso que más repercusiones tuvo este domingo fue el reemplazo del fiscal y que Valencia debió presentar este lunes ante le Congreso para dar cuenta de su futuro plan de acción en caso de contar con el visto bueno parlamentario para su gestión de ocho años.
En Chile, el fiscal nacional es designado por el presidente de la República, que escoge a uno de los cinco candidatos propuestos por la Corte Suprema y debe ser ratificado por los dos tercios de los 50 votos del Senado.
Valencia es el tercer propuesto por el mandatario ya que los legisladores le rechazan a sus dos candidatos anterioresJosé Morales Opazo y Marta Herrera.
Desde la creación del Ministerio Público en el año 2000 con la implementación de la reforma procesal penal, es la primera vez que el Senado impugna a candidatos designados por el presidente.
Según informó el diario online El MostradorEl candidato a fiscal Valencia mantuvo a inicios del 2000 un duro enfrentamiento en Tribunales de Familia cuando su ex esposa, Vivian Massardo, lo demandó bajo el fundamento de que “no provee lo necesario para la adecuada subsistencia de sus tres hijos”.
Luego de que la justicia de Familia ordenara su arresto, los abogados del candidato ganaron un recurso de amparo y las medidas quedaron sin efecto, aunque deberá pagar la pensión en un litigio que fraccionó años.
Oposición acusa a Boric de no buscar consensos en el Senado, donde no tiene mayoría, mientras que desde el oficialismo señalan a los senadores de derechas de “apropiarse” de una facultad presidencial y querer influir demasiado en la elección del nuevo fiscal. El Ministerio Público se enterará de los finales del pasado septiembre cuando Jorge Abbott dejó el cargo al cumplir el límite de edad de 75 años.
La designación de un nuevo fiscal nacional coincide con una crisis de inseguridad sin precedentes, provocada por el incremento del crimen organizado y la delincuencia.
Estos nuevos problemas del gobierno, todos registrados en la misma cartera judicial, se producen luego de que, desde fin de año, la oposición conservadora torpedeara al presidente por haber dicho que ninguno de los indultados era un delincuente (lo cual fue desmentido por los prontuarios difundidos ) y cuando afirmó que había habido “errores judiciales” en la tramitación de la causa del ex guerrillero Mateluna.
Las declaraciones del presidente generalon a cruce con la Corte Suprema, que en un comunicado de su plenario le demande que respete la división de poderes.
Boric responde que estaba de acuerdo con el reclamo judicial, aunque ratificó su derecho a conceder indultos como lo indica la Constitución del país.
Redacción de Clarín, con información de agencias
CB