El Lic. Moisés Bartlett, director del estudio Bartlett Quiel, compartió los fundamentos de la demanda que impulsa solicitando la nulidad de la prórroga al contrato del proyecto de gas natural Generadora Gatún de NG Power, que ahora está en poder del consorcio formado por InterEnergy Group (51 por cien ), AES (veinticuatro por cien ) y el Estado panameño (25 por cien ).
Este contrato se otorgó por el Estado panameño en favor de NG Power en el año dos mil trece, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.
Fueron razones muy concretas. Entendemos que los pliegos cambiaron veinticuatro horas ya antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a la medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal.
Sumado a aquello, NG Power no cumplió jamás con los requisitos y demandas pautadas en ese contrato. Entre otros muchos, jamás presentó un cierre financiero. Absolutamente nadie supo qué empresa o bien qué entidad iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades para que cumpliera con estas demandas y jamás fueron presentadas.
En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -porque hace años debió entrar en operación y lo que el día de hoy existe es sencillamente un terreno baldío, no hay movimiento de tierra o bien estructura levantada- se aprobó con un estudio de impacto ambiental categoría dos.
En la normativa Ambiental de Panamá quiere decir que su impacto es mínimo. Sin embargo, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural colindantes exigen un estudio de impacto ambiental de categoría tres por el peligro que demanda estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además con presencia de comunidades en los alrededores.
Esto también lo demandamos penalmente, lastimosamente.
La licencia definitiva concedida a NG Power ha vencido. Nuestra legislación demanda que para tener actual un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia terminante. El 18 de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que ellos no habían prorrogado la licencia.
Desde ahí solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación. Pero no se pronunciaron.
Eso es totalmente ilegal.
De ahí que, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar la nulidad.
No conozco las cifras, mas evidentemente hay una fianza extendida por una empresa aseguradora que lo que corresponde en derecho es que el Estado a través de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, demande el resarcimiento, e incluso llame a una nueva licitación.
Ese contrato es sumamente costoso, sobre el resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en 20 años al 2043 significa que se marcha a incrementar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los usuarios.
Eso significa que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos.
Sí, si el mercado de este modo lo demanda. Esto dejaría acomodar los precios a la realidad, logrando una equidad con el resto de los generadores o hasta valores más competitivos.
Hasta el momento, la licitación del dos mil trece que nació mal, se ha mantenido con trámites y argumentos que son desde irregulares hasta ilegales.
En el planeta de hoy lo conveniente para el medio ambiente es tener energías sustentables. En derecho, debe hacerse efectiva la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá.
Ya muchos actores han pedido que no se siga con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no solo la Acodeco, sino más bien también el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.
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