Para Joe Biden, se trata de bajar el soufflé, tras el bochornoso descubrimiento, en su casa familiar y en un círculo de reflexión, de documentos confidenciales que datan de la época de su vicepresidencia.
“Escucha, encontramos unos documentos (…) que estaban en el lugar equivocado, inmediatamente los entregamos al Archivo y al Ministerio de Justicia”dijo el presidente estadounidense, el jueves 19 de enero, durante un viaje a California a los periodistas que lo cuestionaron sobre este tema.
“Creo que verás que hace viento. No tengo excusas. Hago lo que los abogados me dijeron que querían que hiciera. Eso es exactamente lo que hacemos”.continuó, agregando que estaba cooperando “totalmente” con justicia
Este es un asunto complicado para el presidente demócrata que planea postularse en 2024 y para los demócratas en general. Este último no dudó en criticar al expresidente republicano Donald Trump, objeto de una investigación judicial por haberse quedado con cajas enteras de documentos cuando salió de Washington en 2021.
Una comunicación denunciada por los republicanos
En cuanto a Joe Biden, los primeros documentos clasificados se descubrieron el 2 de noviembre en el Centro Penn Biden, un grupo de expertos de Washington donde una vez tuvo una oficina, y se informó a los Archivos Nacionales. En diciembre, los abogados del presidente se encontraron en el garaje de su casa en Wilmington, Delaware, “un pequeño número de documentos” potencialmente confidencial y notificado al Departamento de Justicia. Y en enero, estos abogados desenterraron un documento confidencial, esta vez en la habitación contigua al garaje de la casa. Al día siguiente, el abogado de la presidencia descubrió cinco páginas más.
Para silenciar las sospechas de “doble rasero”, el Departamento de Justicia ha asignado las investigaciones de los casos de Joe Biden a un fiscal especial independiente, como lo hizo con Donald Trump.
La oposición republicana ha denunciado la comunicación por goteo del ejecutivo. Aprovechando su -ligera- mayoría en la Cámara de Representantes, inició una investigación parlamentaria y exigió más información.
Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a transmitir, al final de su mandato, todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.