Por qué los funcionarios no tienen una pensión complementaria, sino una pensión adicional

Desde la década de 1960, los funcionarios públicos podían cotizar a un plan de pensiones de capitalización opcional: el Préfon, que desde entonces se ha convertido en PER. Pero en 2005 se introdujo discretamente un fondo de pensiones obligatorio bajo el modesto nombre de “distribución provisionada”. De hecho, es un esquema de capitalización obligatorio con una junta directiva en la que se sientan ocho sindicatos. En un sistema francés dominado por el reparto, sorprende la existencia aún desconocida de esta “pensión adicional del servicio público” (RAFP).

Para entender, hay que saber que las pensiones de los funcionarios se calculan de forma muy diferente a las del sector privado. No existe dicotomía entre pensión básica y pensión complementaria. Hasta 2005, los funcionarios públicos no cotizaban sobre toda su remuneración: las bonificaciones y asignaciones no contaban para la jubilación.

» Un avance «

Resultado: cuando la reforma Fillon de 2003 estableció este «RAFP», basado únicamente en primas y bonificaciones, «se ve como un paso adelante», señala Jean-Louis Malys, ex secretario nacional de la CFDT. Pero también «como un quid pro quo» – La reforma de Fillon, que alinea los períodos de cotización con los del sector privado, va mal entre los funcionarios. E incluso si el esquema está capitalizado (las contribuciones se invierten, principalmente en bonos, no se presentan a los jubilados actuales), era «mejor que seguir ignorando al primero»juez Yvan Ricordeau, actual «Monsieur Retraite» de la CFDT.

Unos cuatro millones y medio de funcionarios contribuyen a este sistema por puntos, hasta el 5% de su retribución accesoria (con el límite del 20% de su salario índice). El empleador encontró tanto. Esto representa un total de casi 2.000 millones de euros para 2022. “En 2022 pagamos cerca de 430.000 pensiones, por un importe medio anual de 380 euros”, dice Laurent Galzy, director de Erafp, el establecimiento que gestiona el esquema. El ascenso de la potencia es paulatino: en un sistema de capitalización, es necesario esperar a que el régimen tenga alrededor de cuatro décadas de existencia para que el impacto en las pensiones sea máximo.