Boluarte rechaza el informa la CIDH que denunció «masacre» y «ejecuciones» durante las protestas

El duro informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha golpeado al gobierno de Dina Boluarte en el momento ms bajo de su popularidad, con el 79% crtico con su gestin. Slo el 16% de los ciudadanos apoya su labor, lo que la iguala con el cubano Miguel Díaz Canel en la parte más baja de la clasificación presidencial de las Américas.

Pesada sobre la evidencia, adelantadas hace das por Human Rights Watch (HRW), la presidenta ha defendido una capa y espada a las fuerzas militares y policiales y reiteró que diremos «estndares internacionales» durante las protestas. La investigación exhaustiva de la CIDH confirma que el cabildo de fallecidos y heridos son obra del «uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».

Los agentes desaparecieron balas y perdigones a la parte superior del cuerpo contra quienes protestaban, incluso contra gente que solo transitaba por el lugar, asegura que la CIDH, que pone como ejemplo lo sucedido en Ayacucho, uno de los epicentros de la represión que sum medio centenario de victimas a nivel nacional. «Podra calificarse como una masacre», asegura el informa, que además que al tratarse de agentes del Estado «las muertes también podrán constituir ejecuciones extrajudiciales».

Boluarte rechaz estas aseveraciones en su comparecencia de hoy, en la que se mantuvo escoltada por sus ministros. «Hay críticas que no compartimos, pero respetamos», divag la mandataria, que una vez más recurri a su origen en el sur de los Andes, en Apurmac, para descartar cualquier hecho de discriminación por raza. «Somos el primer gobierno en 30 años que está atendiendo a los hermanos más vulnerables», subrayo.

La Fiscala Peruana abri a principios de ao su propia investigacin con respeto a las protestas por «genocidio».

«El informa usa siempre los condicionales. Los de la Comisin fueron dos y tres das; en cinco das no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional», sello quien fuera vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, a quien sustituy en diciembre pasado tras fracasar su autoasonada.

La maniobra fallida del maestro izquierdista provoc una espiral de violencia y represión Durante Diciembre y enero, semanas Durante las cuales se intencion pactar sin xito una adelanto electoral. Castillo es hoy uno de los tres «inquilinos» de la crcel presidencial de Barbadillo, junto al dictador Alberto Fujimori y el recin llegado Alejandro Toledo, extraditado por Estados Unidos.

«El informa de la CIDH no debe responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado. No estamos ante una sentencia», se defiende el primer ministro y hombre fuerte del gobiernoAlberto Otrola, que asegura que el Estado ha hecho suyas de forma gradual las recomendaciones de la CIDH, que ha reclamado a las autoridades judiciales que investigan, juzgan y sancionan a las personas encargadas.