La segunda convocatoria de la regasificadora del pacifico completó cuatro adiciones para aumentar el tiempo de presentación de los proyectos por parte de las empresas que están interesadas en abrir este proyecto.
La más reciente adenda fue publicada el pasado 23 de mayo y atrasa en casi un mes la recepción de las propuestas técnicas y económicas.
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El riesgo en etapa de construcción están pidiendo que lo asumamos nosotros
De acuerdo con el documento, ahora, la recepcion es hara el proximo 6 de juliocuando en la tercera adenda estaba programada para el 8 de junio.
Este proceso, que fue declarado desierto en 2021, ha tenido ya una serie de ampliaciones en sus fechas. De acuerdo con fuentes del sector esto se debe a que hay poco interesado en parte de los inversionistas para desarrollar el proyecto.
Mónica Contreras, presidenta de TGI, aseguró que no participarán en la convocatoria puesto que la regasificadora no es bankable. De acuerdo con la directiva, «el riesgo en estapa de construcción están pidiendo que lo asumamos nosotros» y por esto dijimos que como está structura la propuesta no es viable para realizarla.
Sociedad Portuaria El Callao
Al consultar con otros posibles inversionistas, estos prefirieron no referirse sobre el tema, al señalar que se encuentran en análisis para definir su participación.
De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entidad a cargo de publicar los documentos y seleccionar al inversionista, esta infraestructura es necesaria para asegurar la confiabilidad y soberanía energética del país.
De hecho, el principal motivo para hacerla en el pacífico y no en el caribe, es que esta zona no cuenta con suministro directo de gas, por lo que cualquier problema en la infraestructura puede dejar sin suministro al suroccidente del país. Sin embargo, al contar con una planta de regasificación en Buenaventura, en caso de dificultad, se puede incorporar gas en el extremo rojo de la planta.
No obstante, hay una serie de desacuerdos en el sector por cuenta de los sobrecostos que estan asociados a hacerla en esta region. Por ejemplo, se requiere la construcción de un gasoducto que atraviese zonas conflictivas, de las cuales se deberán realizar consultas previas, que podrían retrasar la construcción del proyecto.
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Este combustible fósil se caracteriza por ser incoloro, inodoro y no tóxico.
En la socialización del proyecto, la Upme señaló que hay unas estimaciones del impacto de esta obra en las tarifas de gas natural para las áreas de influencia del proyecto. Por ejemplo, en el suroccidente sería de 14.8 por ciento y para la zona de Caldas, Quindío y Risaralda de 8.2 por ciento.
Ahora bien, uno de los temas centrales de la discusión sobre la infraestructura es el alto costo. De acuerdo con algunas estimaciones esta podría estar entre 700 y 800 millones de dólares; sin embargo, otras estimaciones situan el costo hasta en el doble, como se evidencia en el gráfico.
Por eso uno de los debates centrales es cómo se va a acer la remuneración, una vez finalizada la construcción. Esta es una de las responsabilidades del Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg)que debemos crear la metodología de remuneración al ser un proyecto de confiabilidad y seguridad energética.
Es por esto que unas de las definiciones más relevantes es quiénes son los beneficiarios del proyectos, puesto con esto se establece quienes deben pagar el costo de la obra.
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Al respecto, la entidad explicó que “la información sobre la identificación de la solicitud esperada de los beneficiarios será publicada por la Upme a través de la página web”.
De acuerdo con los documentos para inversionistas, la obra debe entregarse 58 meses después de su estimada, es decir, cuatro años y 10 meses. El objeto es que la infraestructura esté listada para responder en caso de escasez de gas natural, que se espera entre 2026 y 2027.
Sin embargo, con la primera convocatoria desierta y las cuatro adendas que lleva el segundo proceso, la puesta en marcha de este proyecto parece estar cada vez más lejos de la necesidad por la que fue llamada inicialmente.