Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Gustavo Petro, una de las grandes propuestas del Gobierno es la creación de un ‘Sistema de protección social universal y adaptativo’, como pilar básico de una de estas cinco grandes estratagias, el de ‘ “Seguridad Humana y Justicia Social”.
Según el documento del PND, se busca que este sistema «dé respuesta rápida a diferentes shocks que ponen en riesgo la calidad de vida», y que para ello se dar prioridad a la generación de empleo, «complementado, si es necesario, con transferencias monetarios a los hogares más pobres”, sumado al fortalecimiento de instrumentos que cubren los riesgos de desempleo y protección a la vejez.
Uno de los instrumentos propuestos en el artículo 52 del proyecto de ley del Plan de Desarrollo señala: la creación de un programa de renta ciudadana, con el que se busca «armonizar» los programas de transferencias a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ( DPD).
Según el proyecto, la renta ciudadana consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover mobilidad social.
Además de las propuestas que establece en Plan en relación con su ‘Sistema de protección social universal y adaptativo’ es una «strategia de acompañamiento a hogares en extrema pobreza» y establece que el Departamento de Prosperidad Social (DPC) implementará un programa de acompañamiento familiar y comunitario que busque, «guiar y orientar al hogar o comunidad en su proceso de movilidad social y realizar la gestión que promovió el acceso preferente a la oferta social relevante».
Un tercer elemento es la protección económica en el vehículo y el envejecimiento saludable. “Se revisarán y reformarán los mecanismos existentes a la fecha”, indica el documento del Plan, y reiterá que se adelantará una pensión reforma con enfoque de la garantía del derecho. Dentro de los cambios que proponen, además del fortalecimiento de Colpensiones, está la disminución de los aportes a la salud, del 12% al 10%, par le los pensionados que devengan entre dos y tres salarios mínimos.
Este punto también propone la implementación de una “Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez bajo el principio de corresponsabilidad individual, familiar, social y estatal”, y fortalecer acciones de prevención y atención de la violencia contra el adulto mayor.
Otro elemento del sistema que propone el PND es el diseño de un plan de protección contra el desempleo redefiniendo el «Mecanismo de Protección al Cesante», el cual, según el documento, responderá a las necesidades de la población desempleada y cesante, incluyendo trabajadores formales e informales.
Para dicho esquema contemplará, según el plan «la exploración de nuevas formas de financiamiento para quienes no accéden a la oferta del Sistema de Subsidio Familiar».
Finalmente, el Plan indica que los trabajadores de la ‘Economía popular y comunitaria’ tendrán acceso a la protección para la vejez, a los riesgos laborales y al sistema de salud, y proponen el diseño de una ruta específica de acceso a los planes, programas y proyectos de asistencia social.
Análisis
Para Juan Carlos Guataquí, consultor en políticas laborales, hay tres puntos que se pueden tener presentes en relación con la propuesta de este sistema.
“Desde la perspectiva de la política pública, siempre que se menciona la creación de un sistema, no se considera si hay que sentirse preocupado o aliviado. Desde 2010, cuando se separó el Ministerio de Protección Social y Salud y Trabajo, tenía 17 sistemas asociados en el sector de trabajo y seguridad social, y se recomendó eliminarlo más que crear nuevos sistemas”, explicó.
En segundo lugar, Guataquí sugirió «ver cómo abordar ese sistema dentro de los sistemas que crearon la Ley 100, y si es compatible o si va en contra», y en tercer lugar, «mirar si estos son temas para abordar en las reformas como la laboral o la pensional, o por el contrario si deben ir en el Plan de Desarrollo”.
Seguridad humana
Uno de los cinco grandes proyectos del Plan Nacional de Desarrollo es el de ‘Seguridad Humana y la Justicia Social’, para ello se destinarán $743.7 billones en los próximos cuatro años, más que la mitad de los recursos totales del PND.
En este componente, según el plan, se propone una «transformación de la política social» integrando «una protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social».
El documento muestra una serie de elementos estructurales como “un sistema de protección social universal y adaptativo y una infraestructura física y digital para la vida y la vida”, entre otros.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
BILLETERA