Los casesros presentan 2.000 Claims al Gobierno por el límite del 2% a la subida del alquiler

Así lo ha comunicado la organización en un comunicado, al tiempo que recuerda que Asval solo actúa como canalizadora para estos pequeños propietarios que están defendiendo sus derechos. En este sentido, la asociación recuerda que la medida fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2022 de manera temporal y que aún sigue en vigor y de hecho se ha ampliado hasta el final de 2023.

Asval denunció que hay más de dos millones de pequeños propietarios afectados por la medida, mientras que “el Gobierno sí ha fijado para sectores de mayor tamaño dominados por grandes compañías, como el de los combustibles”. Asimismo, la organización sostiene que el tope del 2% es contrario a la Ley de Arrendamientos Urbanos al vetar la actualización de las rentas conforme al IPC.

“Esta actualización ha ayudado a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar las crisis y completar su salario o su pensión. Además, los propietarios deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que simulan su escalada de precios. No obstante, estos propietarios se han mostrado siempre sensibles a la situación de sus inquilinos ante el contexto económico actual, y en algunos casos ya han negociado soluciones”, recoge el comunicado.

Poniendo cifras al problema que denuncian los casos, Asval calculó que entre 2022 y 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de medios por vivienda alquilada. “Más del 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas”, destaca María Andreu, directora general de la Asociación. “Con esta reclamación, los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración”, explica Andreu.

Inseguridad Jurídica

Así las cosas, la asociación advierte de que con límites con este lo que se genera es eso juridica inseguridad y que reduce la inversión en vivienda de alquiler, lo que termina por derivar en que los caseros retiran esos inmuebles del mercado. “Los colectivos más vulnerables, aquellos a los que se dicen proteger con estas medidas, son los más perjudicados, ya que una menor deerta dificultará aún más su acceso a una vivienda”, añade Andreu.

Más allá de ello, Asval también alertó que el número de reclamaciones en caso de que se eleve terminará después de la ley de vivienda, que actualmente se encuentra en negociación en el Gobierno y con los socios parlamentarios. Una norma para la que aún no han llegado a ningún acuerdo en el seno del Ejecutivo ni con sus socios, como comunicaron ayer desde Unidas Podemos y ERC, pese a que el PSOE había trasladado que sí había ya comprehend.