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El director general de la Administración Tributaria de Aragón, Francisco Pozuelo, estimó que el pago de los nuevos impuestos medioambientales podría alcanzar los 12 millones de euros, teniendo en cuenta 8,5 millones por parques eólicos y 3 millones por parques fotovoltaicos. Esto supone una reducción respecto a los 20 millones previstos originalmente.
Pozuelo ha apuntado que, pese al descenso de la recaudación prevista, no se esperan «consecuencias preocupantes» gracias a los buenos resultados de otros impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones. La actividad inmobiliaria, que se mantiene a buen ritmo, podría compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información a la hora de determinar las cifras iniciales provocó retrasos en la implementación de nuevos impuestos y cambios regulatorios. Pozuelo destacó la importancia de contar con datos precisos sobre las dimensiones de las edificaciones para una adecuada regulación.
Se espera que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque se han perdido meses de recaudación. Para el próximo año, se estima que los ingresos totales por impuestos medioambientales podrían ascender a 22 millones de euros.
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir los ingresos y recordó que el impacto sobre el medio ambiente debería compensar la reducción de otros impuestos.
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley, afirmando que no se cumple el acuerdo alcanzado con el PSOE, lo que desincentivaría la expansión de las energías renovables.
María Pilar Buj lamentó que la ley no tuviera suficientemente en cuenta el impacto en el medio ambiente y criticó que quienes más contaminan no paguen lo suficiente.
José Luis Soro valoró la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) pidió proyecciones de futuro, especialmente en proyectos como los del Maestrazgo, que pueden no gravarse adecuadamente.
La recaudación e implementación prevista de nuevos impuestos ambientales en Aragón ha provocado un intenso debate político, lo que refleja preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de ingresos fiscales. Diferentes puntos de vista resaltan la complejidad de gestionar la transición hacia energías más limpias en el contexto de la legislación fiscal.
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