Redacción | Presupuestos y confianza

El Parlament aprobó el viernes los presupuestos para 2023. El Govern del ‘president’ Aragonès sacó adelante las cuentas públicas para este ejercicio gracias a los pactos alcanzados con el PSC y En Comú Podem. El resultado de la votación parlamentaria –73 votos a favor y 58 en contra– supone, en el plano político, una voto de confianza implícito en un Govern quedó en franca minoría Tras la salida de los ‘consellers’ de JxCat y, en el plano económico, representa una dosis de confianza para ciudadaniaal disiparse los temores de una prórroga presupuestada en beneficio de unos nuevos presupuestos en los que el gas público supera por primera vez los 40.000 millones de euros.

Empecemos por lo segundo: la aprobación de las cuentas catalanas para 2023 situa la gestión política en el frontispicio de la acción de gobierno. Si esta es, en teoría, la primera servidumbre de todo gobernante, lo es aún más en los momentos presentes: la necesidad de afrontar la resaca de la crisis pospandemia y las nuevas incertidumbres abiertas por la rusa invasión de Ucrania. En concreto, thel aumento del gasto supone un 7,6% más que en 2022 –un 10,7% si no se incluyen los ingresos decrecientes de la UE– y los departamentos con mayores incrementos absolutos en su Salvación y Educación, con 1.128 millones y 675 millones, respectivamente.

Sentada esta premisa –la política de gestión como epicentro de la acción de gobierno–, la aprobación de los presupuestos ha sido el resultado de una alianza transversal de ERC con el PSC y los Comuns, ahí se consuma la ruptura de la política de bloque que se instauró en la última década procesista. En concreto, estas tres fuerzas suman 74 escaños –seis por encima de la mayoría absoluta de la Cámara catalana–, una cifra que est idéntica a la que sumaban al inicio de la legislatura ERC, JxCat i la CUP. Desde esta óptica, la moción de confianza aclara que reclamaban los posconvergentes tras la ruptura del pacto de Gobierno se ha materializado ahora en un voto implícito de confianza.

Los socialistas de Salvador Illa –la primera fuerza en votos del Parlament– han dejado claro que su aval a los presupuestos no significa que tengan vocación de “apuntalar” al Govern de Pere Aragonès y han adelantado que exigirán que se cumplan «a rajatabla» todos los compromisos suscritos, comenzando por las tres infraestructuras que incluyen en el documento anexo al pacto con ERC: el crecimiento del aeropuerto del Prat, el convenio de la B-40 y el Hard Rock. Se trata, precisamente, de la “línea roja”, en palabras de Jéssica Albiach, que había fijado In Comú Podem para dejar estos proyectos fuera del presupuesto.

El pacto presupuestario no supone, como dice JxCat, el embrión de un nuevo ‘tripartito’ de izquierdas. Al contrario, la geometría variable que se aplica al PSC al vote con los posconvergentes contra el plan piloto de la renta basic universal es un guiño en clave ‘sociovergente’. El clima electoral –municipales de mayo y generales de finales de año– pondrá a prueba la estabilidad del Govern y será una primera prueba para evaluar, en función del voto popular, los réditos o la erosión de las apuestas de los grandes partisdos en escena. La lógica de blocs, que ahora se resquebraja, y la nueva política de alianzas sólo podrán certificarse después de unas elecciones catalanas.