UGT se compromete a luchar por los derechos laborales tras el despido

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán cada caso de despido «tribunal a tribunal» para garantizar la aplicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que falló contra la ley española sobre despidos inminentes. La organización calificó esta decisión de «histórica y justa».

José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo que supervisa el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, que España firmó en 1996. A pesar de su firma, no se logró la ratificación total hasta 2021.

La comisión, cuya resolución detallada se publicará el próximo mes, considera que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos sin justificación y no tiene un efecto disuasorio suficiente.

Arceiz criticó el sistema de compensación español, que fija 33 días de salario por año de trabajo, diciendo que presenta «lagunas significativas» en flexibilidad y disuasión. Según él, esto permite que el despido injustificado sea «previsible», ya que el importe de la indemnización puede calcularse con antelación, lo que no disuade a los empresarios de despedir.

El portavoz de UGT señaló también que había pasado demasiado tiempo entre el despido de los trabajadores y la resolución de su caso, lo que afectó a la recuperación de los salarios desde la reforma laboral de 2012.

Se debatió si la resolución del Comité era vinculante para el Estado español. Mientras Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, lo calificó de «consultivo», Arceiz defendió su compromiso argumentando que el Gobierno no puede ignorar las obligaciones internacionales.

Arceiz llamó al Gobierno a reformar urgentemente la legislación laboral, buscando ajustes que permitan a los tribunales ajustar las indemnizaciones al «daño real» sufrido por los trabajadores. También propuso levantar los límites de compensación, fomentar el regreso al trabajo y garantizar una mediación judicial más rápida para la recuperación salarial.