España es el principal suministrador europeo de armas al país andino, y el 20% es material policial
«Si España nuestro ha cerrado las puertas, tocaremos otras». Vicente Romero, ministro peruano de Interior, ha respondido hoy viernes a la decisión «respetable» del Gobierno de Madrid, que ha optado por dejar de vender material antidisturbios a Perú tras la represión policial que ha costado la vida a más de 45 personas.
«Vivimos en un país con estado de derecho, vivimos en democracia y hay independencia de poderes. Debemos ser respetuosos hasta que el Ministerio Público alcance los resultados de sus investigaciones. No podemos presumir, tenemos que esperar. Ahora no hay resultados, son especulaciones”, se defendió Romero. Impuestos, que investiga al propio presidente Dina Boluarte por genocidio, emprendió hace semanas una carrera contrarreloj para esclarecer las causas de cada muerte violenta en la conmoción provocada por el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, encarcelado hoy en el mismo penal limeño que el dictador Alberto Fujimori.
«Nosotros, para poder desarrollar nuestros pueblos, no necesitamos ni necesitaremos de más municiones ni bombas lacrimógenas. y gobernabilidad.
Los dos meses y medio transcurridos desde la proclamación de Castillo y el uso de las fuerzas policiales y militares han conseguido remitir los enfrentamientos en las calles del país, pesa que El sur de los Andes mantiene un estado de tensión. Todas las encuestas confirman que más del 70% del país quiere unas elecciones adelantadas para este mismo año, pero interesados partidistas y personales en el Congreso lo ha impedido de momento. Un Parlamento que, de escándalo en escándalo, acerca tiene un nivel de impopularidad histórica, a su vez al 90%.
Según la última encuesta de Ipsos, la La desaprobación del país en Boluarte alcanza al 64% de los encuestados.
Amnistía Internacional (AI) tomó la iniciativa hace semanas y presionó al Gobierno español para que dejara de suministro bombas lacrimógenas, cascos y escudos a la policía peruana. La mayoría de las muertes violentas, según investigaciones periodísticas y de las organizaciones de los derechos humanos, producidas por disparos de armas de fuego y perdigones en escenarios cercanos a las tomas violentas de distintos aeropuertos en el sur de los Andes.
Pesar al éxito de su campaña, AI exige además que se suspenda la venta de munición y armas letales y que se investigue el uso de la munición española. «Acaben con el secretismo de estas decisiones», ponderó la organización.
AI desveló que España era el principal supervisor europeo de armas en Perú, con ventas valoradas en 184 millones de euros en cinco años. El 20% se trataría de material andisturbios.
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