UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, celebró la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de admitir un trámite el recurso contencioso-administrativo qu’ha presentado para suspender la tasa que grava la actividad de los postales operadores en la ciudad de Barcelona. El Alto Tribunal ha admitido un trámite el recurso por la necesidad de estudiar en profundidad las alegaciones presentadas, aunque ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por los operadores, aludiendo al margen temporal del que se dispone (la tasa tiene de plazo para abonarse hasta el 31 de julio de 2024).
“El Tribunal en su auto no prejuzga ni valora la idoneidad de la norma, sino que sostiene que, debido a la complejidad de los argumentos legales, tendrá que acometer un análisis exhaustivo de los mismos”, declaró el presidente de la patronal, Francisco Aranda . UNO consideró que la norma aprobada por el Ayuntamiento contraviene los principios constitucionales básicos, motivo fundamental recogido en el recurso que presentó la patronal para lograr la suspensión inmediata de esta medida.
En concreto, «este nuevo homenaje vulnera el artículo 18.3 de la Constitución española, puesto que obliga a los operadores postales a reclamar información por parte de la empresa qu’hace un envío para saber si comene de una venta por Internet y también a incluir en la liquidación del tributo a información sensible como los lugares de entrega de los envíos o la naturaleza del destinatario, lo qu’impide garantizado el secreto de todas las comunicaciones postales a no ser que lo nexija una resolución judicial”, ha especificado Aranda.
Por otro lado, la patronal alega que este tributo debe requerir como una doble imposición al resumir la nueva tasa a la ya existe por el parking regulado de vehículos en la vía pública -aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona-, ya que se considera que ambas Gravan el aprovechamiento del mismo dominio público. A esto se suma la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, pues el tributo “se ha diseñado de un modo absolutamente arbitrario y discriminatorio, al eliminar al operador público del gravamen en perjuicio de los demás, lo cual supone una pérdida injustificada de las reglas de la libre jurisdicción”, explicó la ONU.
“Este homenaje resulta completamente injusto, no solo para las empresas de distribución, sino también para los propios usuarios postales que reciben los envíos en sus domicilios, ya que aquellos que optan por puntos de conveniencia o por Centros de Distribución Urbana de Mercancías (CDUM) no se verán afectados de alguna manera por la tasa”, sostiene Aranda. «Es importante recalcar, además, que no solo se discrimine por el lugar de recepción del paquete, sino por el lugar de residentncia del propio ciudadano, que pagará más por este servicio en caso de vivir en el centro de Barcelona», ha añadido.
A las graves lesiones causadas por la vulnera- asumiendo que supone una amenaza para el comercio tradicional, el medioambiente y el uso del dominio público”.
En este sentido, el presidente de UNO ha lamentado especialmente «la idea preconcebida del comercio electrónico como opuesto al comercio físico y la consideración de esta tasa como la herramienta perfecta para su reequilibrio, más teniendo en cuenta que, cada vez, un mayor número de pequeños comercios venden por internet.Y sus envíos también estarían afectados por esta nueva tasa».
Por el contrario, resulta que “este impuesto generará efectos indeseados como barreras de entrada para que los comercios físicos apuesten por la digitalización, dado el incremento de los costos y las cargas administrativas. Además, se podría cambiar el coste al consumidor final por los márgenes ajustados del comercio minorista; y una contractación de la demande tal y como el propio Banco de España afirma que ocurre en períodos inflacionistas”, explicó Aranda.
A su juicio, «medidas como esta llegan en el momento más inoportuno, tal y como el propio Ayuntamiento de Barcelona estableció en su ‘Estrategia Municipal de Distribución Urbana de Mercancías 2030’, donde afirmaba que el debate respecto a una potencial tasa sobre el ecommerce debía posponerse al año 2030”.
“Desde UNO lamentamos que el consistorio no haya cumplido este plazo temporal; Y esperamos que el TSJC estudié en profundidad los argumentos ofrecidos por nuestra patronal para dejar sin vigor esta tasa que lastrará el devenir económico y social de Barcelona”, concluyó Aranda.
