El “error monumental” de la justicia belga, que no tramitó una demanda de extradición de Túnez en 2022 contra el islamista que el lunes pasado asesinó a tiros a dos ciudadanos suecos en Bruselas e hirió a un tercero no debe repetirse. La Fiscalía belga ha anunciado este domingo una investigación interna de la cadena de fallos que hizo que se perdiera durante más de un año la pista del expediente de Abdesalem Lassoued, que según ha explicado era reclamado por las autoridades tunecinas por haber huido en 2011 de la cárcel donde cumplía una pena de más de 26 años de prisión por intento de asesinato. A la par, ha saludado la decisión del primer ministro, Alexander De Croo, de reforzar con más magistrados a los órganos judiciales de la capital.
El Gobierno también ha decidido aumentar la dotación policial en la capital y ha anunciado un plan para mejorar el intercambio de información entre los diferentes servicios judiciales, policiales y de extranjería. Un programa que incluirá la creación de una base de datos sobre las personas con orden de expulsión del país como la que también pesaba sobre el terrorista, y que nunca se cumplió porque se perdió su pista. Dichas informaciones “podrán ser comparadas con las que posee la policía”, dijo De Croo la noche del sábado tras una reunión de emergencia de su Gabinete que duró más de cinco horas, celebrada tras la dimisión, la víspera, del ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne. Su sustituto ha sido anunciado también este domingo: asumirá la cartera de Justicia Paul Tigchelt, del mismo partido que Van Quickenborne, el conservador liberal Open VLD, y director del órgano de control y análisis de la amenaza terrorista (OCAM, por sus siglas en francés) durante los atentados de Bruselas en 2016.
Según ha explicado el fiscal del rey de Bruselas, Tim De Wolf, en una inusual comparecencia ante la prensa este domingo, Lassoued fue condenado en Túnez en 2005 a más de 26 años de cárcel, pero el hombre se fugó de prisión en enero de 2011. Aunque no ha especificado el motivo de su larga sentencia, la prensa belga ha revelado que estaba condenado por intento de asesinato. Según se conoció esta semana, el terrorista, que reivindicó en las redes sociales su atentado del lunes en nombre del Estado Islámico, llegó a Europa ese 2011 a través de la isla italiana de Lampedusa y transitó por varios países, entre ellos Suecia, donde también pasó por la cárcel. En 2019, presentó una demanda de asilo en Bélgica, que fue rechazada. En 2021, se emitió una orden de expulsión que nunca fue cumplida, puesto que para entonces las autoridades belgas habían perdido su pista.
Tras el atentado, el Gobierno belga exigió una mejora a nivel europeo de las devoluciones de migrantes a quienes se deniega el asilo y, específicamente, a reforzar la presión para que los países de origen no puedan negarse a recibirlos. Pero el viernes se supo que Túnez no solo no se negaba a aceptar el regreso de Lassoued, sino que había solicitado formalmente su extradición a Bélgica, un expediente que nunca fue tramitado. La noticia llevó a Van Quickenborne a presentar de inmediato su dimisión por lo que calificó de un “error individual, monumental e inaceptable de consecuencias dramáticas”.
El 15 de agosto de 2022, Túnez envió a Bélgica una demanda de extradición que fue recibida en la Fiscalía de Bruselas el 8 de septiembre. “El análisis del expediente nos permite constatar que fue tratado el 12 de septiembre por la administración de la Fiscalía y que se anotaron dos preguntas para el magistrado que se ocupaba. Pero ninguno de los colegas concernidos se acuerda de qué pasó con ese expediente específico hace un año. No hay rastro alguno de un tratamiento ulterior”, ha reconocido De Wolf. El expediente acabó en “un armario” donde se almacenan todos los casos en curso y que normalmente son revisados dos veces al año. Pero —y aquí viene el segundo gran fallo— la pasada primavera no se hizo, “debido al creciente número de expedientes del departamento responsable”.
“Un año más tarde, el caso debería haberse resuelto. El hecho de que no haya sido así debido a una desgraciada cadena de factores es dramático en las circunstancias actuales”, ha reconocido el fiscal del rey, que se ocupa de casos penales. Por su parte, el fiscal general, Johan Demulle, ha anunciado que se va a “examinar qué pasó exactamente y qué procesos de trabajo pueden ser mejorados”.
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También De Croo ha prometido actuar rápidamente y ha negado que este caso haya debilitado a su Gabinete, en el que por el momento se descartan nuevas dimisiones que podrían haber acabado con la frágil coalición de Gobierno a menos de un año de las elecciones generales belgas. “El Ejecutivo no está fragilizado, ha actuado. El ministro ha asumido la responsabilidad política y lo importante es lo que hemos aprendido, las lecciones que sacamos”, reivindicó el sábado.
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