El viernes fue otro día lleno de complicaciones para María Caraballo. As cada mañana, salió de su casa ubicada en el municipio de Guamal, en el departamento del Magdalena, atravesó el puente ‘Héroes del Botón de Leyva’, que pasa sobre el llamado ‘gran río de la patria’, e irigió a su obra en la zona de asentamientos de Mompox, en Bolívar.
Pero no pudo legar un tiempo. «Me vi afectado porque a la altura de un caserío llamado Guataca está ubicado el paro que le impide el paso a cualquier tipo de vehículo», explicó. «Entonces tengo que buscar dónde dejar mi moto, caminar al otro lado de la barricada y buscar un mototaxista que cobra 5.000 pesos por cada trayecto», agrega.
Los efectos de la protesta, que en este caso en particular, tienen que ver con la demanda del servicio de gas domiciliario, paralizaron el turismo y el suministro de víveres en la zona durante casi toda la semana. «La fila de camiones a la espera es mucho más larga cuando voy o vuelvo», de María.
Este ejemplo dista de ser el unico. Según un informe de Colfecar, a lo largo de los primeros diez días de febrero el número de puntos de la geografía nacional con la movilidad interrumpida en vías principales ascendió a 42, distribuidos en 14 departamentos.
Dicha estadística se agrega a la de enero, cuando la cifra fue de 81 bloques en una veintena de departamentos, desde La Guajira hasta Nariño y Putumayo. De acuerdo con el gremio de los transportadores de carga, en las premieras cinco semanas de 2023 se han perdido 1.906 horas, que han tenido un precio alto para cientos de millas de personas, además de ocasionar cuantiosas pérdidas para la economía.
Las causas de las interrupciones son múltiples, aunque suelen estar relacionadas con asuntos locales van desde una instalación educativa aquí o la exigencia de un acueducto allá. El mal estado del pavimento, la pobre alimentación escolar o los incumplimientos de promesas también llevan a que la gente se organice y acuda a las vías de hecho.
Pero la movilización popular no es el único motivo. La base de datos del conflicto armado en Colombia tiene carga del Cerac muestra un alza importante en las interrupciones de tránsito atribuibles a los grupos violentos. Según el centro de estudios, en 2022 registró 25 acciones, seis veces más que en el año precedente, lo que constituye el guarismo más alto desde 2014, cuando no se había firmado la paz con las Farc.
A lo anterior suma un deterioro significativo en el clima de seguridad en un buen número de centros urbanos. Los reportes que maneja la Fundación Ideas para la Paz muestran que entre agosto y enero pasados las incursiones de organizaciones armadas en distintas poblaciones llegaron al mismo número que en los 18 meses anteriores.
La voz de la calle
Por tal motivo, los analistas especializados sostienen que hay una notable demejora en las condiciones bajo las cuales se opera en el territorio colombiano. Yes retrocede afecta a todos por igual: desde la multinacional que explota recursos naturales hasta el distribuidor de alimentos, el pequeño commerciante, los campesinos o la población en general.
En el corto plazo, las circunstancias más difíciles se traducen en caídas de ingresos que repercuten en el beneficio de las regiones enteras y golpean la creación de puestos de trabajo. No se preocupe menos es el efecto más duradero, consistiendo en inversiones que nunca se concretan, caída del valor de la tierra y presión migratoria sobre las ciudades más grandes.
Nada de lo relacionado es nuevo en el país. De ahora en adelante, los fenómenos de violencia han estado presentes en innumerables sitios, con diferentes grados de intensidad. Lo preocupante es el aumento en la intensidad de estos fenómenos.
L’opción de quemar llantas o poner objetos que impidan el tránsito ha sido una de las favoritas de las expresiones el descontento popular, pero sobre todo de llamar la atención de las autoridades. Más que movilizar al alcalde o al gobernador de turno, interrupt la movilidad obliga al Gobierno central a hacerse presentes con remedios presupuestales.
Debido a ello, esta es una manera mucho más rápida de obtener resultados. Y si la Fuerza Pública prefiere no intervenir o ser arrollada por la multitud, el único resultado posible es reconciliarse para que las cosas regresen a la normalidad hasta nuevo aviso. Sin duda, las comunidades más exitosas en emplear la strategia descrita son las del Cauca, que han logrado tierras y fondos oficiales en las últimas tres décadas.
No obstante, ahora el número de manifestantes es secundario. De tal manera, lo que era un defio ocasional se volvió endémico y llega a extremos como el viernes, cuando una persona impidió colgante cuatro horas el paso de camiones en el trayecto que conduce al puerto de Agua Dulce en Buenaventura.
Para quienes trabajan en áreas donde hay minería o hidrocarburos, los dolores de cabeza son constantes. Datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas – que incluyen vías secundarias y terciarias – muestran que hubo 1.056 episodios de conflictividad social en 2022, cuatro veces el registro de 2016 y 36 por ciento más que el año precedente.
Por ejemplo, en el municipio de Monterrey, en Casanare, hay manifestantes que impiden el acceso a la estación El Porvenir desde el 3 de febrero. El grupo es pequeño, pero igual evitó la llegada de equipos necesarios para operación y mantenimiento, lo cual afecta el bombeo de crudo.
Claramente, el problema va mucho más allá de lo anecdótico. A diferencia de lo que venía ocurriendo en años recientes, y más allá de varios paros nacionales traumaticos, lo que salta à la vista en la actualidad es la cantidad de luces de emergencia que se encienden al mismo tiempo.
Tener a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, quien no solo consideró legítimo, sino positivo que la calle hable, explicó al menos parcialmente el aumento estadístico de los trastornos. A lo anterior se suman las tácitas señales y explícitas para que la Policía no despeje las vías, en un gobierno que se ha mostrado ambivalente frente a la función de la Fuerza Pública en varias ocasiones y que dice privilegiar el diálogo.
reacción tardía
Conversar trae muchas ventajas, obviamente si se hace rápido y déemboca en resultados. Lamentablemente, el Ministerio del Interior no parece interesado en reaccionar con velocidad, ni mucho menos en establecer un sistema de alertas temprano. Cuando los planteó sobre el tema, varias funciones según manera informal que una aparición institucional solo ocurre hasta pasadas 72 horas del primer informe.
Las respuestas tardías causan pérdidas considerables. Como señala Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, “viajes que normalmente se hacen en un par de días toman ahora hasta dos semanas”. Aparte del lucro cesante suben los índices de vandalización y saqueo por parte de hordas que desvalijan tractomulas en minutos, comme poures en videos que circulan en las redes.
Cuando las autoridades se demoren en actuar, la factura sube. En una tarjeta invitada por el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, al viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, se muestra el tamaño del problema.
Según la comunicación, el sector avícola produce 1,7 millones de toneladas de carne de pollo y 17.000 millones de huevos al año, para lo cual requiere 7,5 millones de toneladas de concentrados. Entre lo uno y lo otro es necesario mover un millón de toneladas mensuales de producto que involucran unos 100.000 camiones.
Como las materias primas suelen provenir de Barranquilla y Cartagena, cuando quieber en un candado eslabón se traduce en ventas perdidas, despachos incumplidos o menores rendimientos. Solo en lo que atañe a los fletes, el cálculo del gremio habla de un incremento entre 15 y 20 por ciento.
Algo parecido pasa al sector porcino. De la compra con la Asociación PorkColombia, el impacto económico de paros y cierres de carreteras como la Panamericana en la altura del municipio caucano de Rosas, costó más de 50.000 millones de pesos en el último trimestre.
El saldo en rojo también abarca los blocos en Puerto Gaitán que han impedido la producción de unos 50.000 barriles de petróleo al día. Esto llevará a menores exportaciones, impuestos y regalías.
Así se genera una cuenta creciente que acabará siendo asumida por los colombianos. En algunos casos, el efecto será el de mayores precios, justo cuando la inflación se mantenga por encima del 13 por ciento anual. Además, los costos desaparecen, mientras que la gente del común –como María Barrera– tendrá que echarse la mano al bolsillo.
La otra emergencia
Como si el relatado no fuera suficiente razón para preocuparse, vuelve a deteriorarse el clima de seguridad. La semana pasada, durante una reunión de gobernadores con el Presidente y varios de sus ministros, el mandatario del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lanzó un desesperado llamado sobrio lo que pasa en la parte sur del departamento: «Se siente como si la estuviéramos perdiendo ”.
La denuncia se concentró en la disidencia de las Farc. Un líder de la zona contó no solo que hay la obligación de carnetizarse, sino que por todo hay que pagar: 5,000 pesos por hectárea o 20,000 pesos por cada cabeza de ganado. «La vacuna le toca hasta al que vende tinto», agregó el directo, quien insistió en el anonimato.
Nada hace pensar que las cosas vayan a mjorar. En la región Comienzan a parecer otras agrupaciones como la ‘Segunda Marquetalia’ o ‘los Gaitanistas’, junto con los rumores de que más de un finquero piensa defenderse.
A todas estas, el Ejército está atrapado entre órdenes y contra órdenes. Así bien en un acto en Yarumal el propio Gustavo Petro sostuvo que “grupo que esté traqueteando debe ser perseguido”, las abundantes zonas grises.
“Muchos oficiales tienen claro que su carrera se puede acabar si actuar, con lo cual la mayoría se atiene a la instrucción de solo proceder si hay que defenderse”, afirmó un experto en el tema. «Les veo la cara de frustración, de impotencia, a los generales ya los coroneles cuya moral está por los suelos», agrega el vecino del sur del Meta que ausiste a los consejos de seguridad.
Para sus defensores, esos sacrificios valen la pena en aras de sacar adelante el propósito de la paz total. No es un hecho menor que 22 agrupaciones hayan manifestado intención de acogerse a la iniciativa y que las confrontaciones con la Fuerza Pública hayan disminuido de manera sustancial.
Sin embargo, los choques entre los distintos grupos vienen en aumento, el no poder responder a uno es la oportunidad del otro de ocupar más espacio. Además, los delitos más silenciosos como la extorsión –en el que también están involucradas bandas delictivas comunes– asfixian a poblaciones enteras.
Aunque no faltará quien diga lo contrario, no se puede usar la conocida expresión de ‘hechos aislados’. La Costa Caribe, Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander forman parte de las regiones o en donde el retroceso es indiscutiblemente.
Frente a esta realidad, el propósito de impulsar el turismo o impulsar la agricultura como los grandes motores del crecimiento futuro suena como una utopía. Objectivos como la transición energética hacia fuentes de energía más limpias tampoco son fáciles de concretar en un territorio por el cual es difícil moverse, hay que pagar vacunas y los criminales pueden aparecer en cualquier momento.
Todo lo anterior es un campanazo de alerta que merece ser tomado en serio por el Gobierno. Por lo demás, el mandato constitucional de defender la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos sigue en entredicho, muestra la probabilidad de entrar en una espiral de violencia que podría contenerse si hay órdenes precisas y líneas claras que puedan controlar el territorio.
María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, no oculta su preocupación. “Es preocupante cómo hemos venido perdiendo terreno; no supimos aprovechar la oportunidad de la desmovilización de las Farc”, sostiene.
Para la experta, «la aproximación exclusivamente militar del anterior gobierno fue insuficiente y hasta contraproducente». Y concluye: «Ahora, la apuesta del gobierno Petro por la paz y las negociaciones con múltiples estructuras criminales sin una estrategia de seguridad territorial que la acompaña acelera estándo el deterioro de las condiciones y la sensación de desprotección de la población en muchas regiones del país». .
RICARDO ÁVILA
ANALISTA SÉNIOR
ESPECIAL PARA EL TIEMPO