Así lo indica un informe de la DAIA y el Centro de Estudios Sociales. Asimismo, se constató la proliferación de discursos de odio en redes.
La Delegación de Asociaciones Israeltas Argentinas o DAIA (entidad representativa de la comunidad judía argentina) y el Centro de Estudios Sociales (CES) publican el último «Informe sobre antisemitismo en la Argentina». El análisis, realizado anualmente, surge de una sistematización de las denuncias recibidas a lo largo de 2022 y brinda un panorama de la aparición de discursos de odio en distintos alrededores.
En el prólogo, Ricardo Gil Lavedra afirma que el antisemitismo «socava un principio básico del Estado de Derecho: la igualdad». Los autores explican que, como todo acto de discriminación, éste es «tender a anular al otro, a invisibilizarlo, a negarlo en su condición de persona» y menosprecia el derecho a la diversidad. En ese sentido, apuntan ha colaborado en la «creación de políticas propositivas para su detección, prevención y eventual erradicación».
En 2022, la DAIA recibió 427 exposiciones de hechos de antisemitismo. Si bien esto representa una caída del 13% respecto a 2021, el problema de no solo persiste, si solo se ha detectado durante los meses del Mundial. De hecho, el último trimestre del año fue crítico. En enero hubo cerca de diez denuncias. En noviembre, cuando venga al tornado, encontrará quejas más formales. En diciembre, 140.
En el estudio se realiza una conexión entre los ataques a la comunidad y las manifestaciones de violencia en torno al fútbol, »favorecido por las expresiones surgidas a del partido disputado entre Polonia y la Argentina».
Las redes sociales fueron el espacio por excelencia donde surgieron comentarios, imágenes y estereotipos antisemitas. Así, el texto habla de su capacidad de «viralizar» expresiones judeofóbicas. En comparación con 2021, por ejemplo, los casos en Twitter fueron del 79%. Facebook solía ser la red que más acumulaba reclamos: ya no. Los especialistas lo atribuyen a las «políticas de protección y privacidad de los contenidos publicados por parte de la empresa».
Asimismo, alerta sobre la posibilidad de que los delitos digitales pasen al plano físico. Durante 2022, conoceremos tres agresiones de este tipo a integrantes de la colectividad, por el solo hecho de pertenecer a ella. A esto se suma que no todos los agravios son declarados.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa el distrito con más denuncias. Esto no significa que arroje mayores índices de judeofobia que otros rincones del país, sino una mayor inclinación por parte de sus residentes a elevar la voz ante este tipo de injusticias.
La segregación y los atropellos -generalmente en función de algún prejuicio o estigma de carácter histórico- son encauzados de diferentes maneras, tal como detalla el informe. Por ejemplo, el «antisemitismo nacionalista», el uso de simbología nazi (desde la reivindicación cruz esvástica, hasta la idolatría a los responsables del Holocausto) o el negacionismo (que pone en duda, minimiza o banaliza la existencia de la Shoá).
Otro cauce de los hechos discriminatorios son las «teorías conspirativas», ligadas a una supuesta «dominación del mundo» por parte de la colectividad judía. Según el estudio, durante 2022, hubo un acrecentamiento del 29% de las denuncias correspondientes a esta tipología, «como resultado de la exposición pública del vínculo entre personalidades del arco político de nuestro país y la comunidad». Muchos usuarios apelaron, de forma preocupante, a una «presunta voluntad o capacidad real de dominar países y organismos internacionales».
Los expertos entienden que, si bien el antisemitismo tiene muchos datos, cobra especificidades en el mundo actual, debido a Internet. Dentro de este marco, abogan por un «compromiso de Estados y empresas de tecnología», así como de la Justice. Tanto para garantizar que las legislaciones existentes alcancen a todos los alrededores; como “pensar y diseñar estrategias que se ajusten a los nuevos escenarios e involucren a las industrias que ofrecen servicios tecnológicos”.
Desde la DAIA y el CES, recomiendan que las empresas deban «asumir responsabilidad sobria los contenidos que en sus plataformas se publican», señalando que varios Estados han (especialmente en Europa) avanzado con normativas en este sentido. Aprovechando la tecnología desde otro ángulo, la DAIA presentó una plataforma de acceso a la información para radicar denuncias.
Combatir la desinformación, educar y concienciar sobre sus tres aspectos fundamentales. Los redactores del informe apelan cuenta con una colaboración conjunta de las instituciones públicas y el sector privado contra el odio en línea. Y, desde ya, a la conciencia de la ciudadanía.
mg