Se formuló la Fiscalía de Las Palmas pelea contra el constructor lanzaroteño, Ángel Ramón Tejera de León -como conocido Lun-, por un delito contra la hacienda pública teniendo en cuenta que dedujo como gastos ciertas cantidades que no estaban justificadas de forma suficiente. es el resultado de la investigación que inició el Ministerio Público por una serie de obras que llevaron a cabo en cuarteles de la Guardia Civil en Península y Canarias entre 2013 y 2019. Solicita para él la pena de tres años de prisión y una cantidad de 488.000 euros, así como la pérdida de derecho a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cuatro años. El juicio tendra lugar el proximo 12 de abril.
La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía provincial formuló un escrito de acusación contra Tejera de León el 11 de enero del año pasadoDespués de concluir su investigación sobrio los múltiples trabajos que llevaron a cabo su empresa, Angrasurcor SL, en dependencias del Instituto Armado, no solo de Canarias, sino también de otras provincias españolas. El fabricante Lanzaroteño es amigo intimo del general de division francisco espinosa navas, el único de los doce investigados por el denominado caso Mediador que se encuentra en prisión provisional por delitos de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo organizado y blanqueo de capitales.
Pesar un número que su aparece en el sumario del caso mediador, lo cierto es que Tejera de León no es uno de los doce investigados de la trama. Esta afirmó que los cabecillas -el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el exdirector general de la Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y el general Espinosa Navas- Obtuvieron beneficios ilícitos a cambio de utilizar sus influencias para facilitar los intereses de los inversores involucrados. Esta actividad la hacian en una doble vértigo, con la intermediación de Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da número al caso. Por un lado, extorsionaban a ganaderos canarios para quitarles sanciones o facilitarles subsidios. Además, cobraban mordidas por ayudar a instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC) a empresarios peninsulares.
El número de Tejera de León ha aparecido en su momento en un juzgado de Ávila, que abrió diligencias en base a denuncia anónima que llegó a la Dirección General de la Guardia Civil en la que se sospechas irregulares en la contratación de obras menores en la comandancia de la provincia castellano y leonesa, beneficiando siempre al mismo constructor. Versión que fue ratificada por el coronel jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso Rodríguez, quien declaró en la instrucción que Lun había sido recomendado directamente por el arrendatario general Pedro Vázquez Jaraba, que en la actualidad está retirado. La excusa para esta sugerencia: su empresa utilizaba un producto novedoso de impermeabilización, el corcho, que tenía un mantenimiento más económicosegún vende el propio empresario.
Fraude de 162.000 euros
Según el Ministerio Público, la cantidad que hubiera defraudado Lun aumentado a 162.000 euros. Es la cantidad que requiere como indemnización en concepto de responsabilidad civil en el proceso legal en su contra. Se encargará de lucidar la posible responsabilidad del constructor el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife, presidido por la jueza Margarita Gómez Martín. El señalamiento está previsto, huelga de letrados mediante, para el próximo 12 de abril.
En la investigación de Fiscalía que dio pie a la quarella por fraude a la Hacienda pública, también participó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Las Palmas.
El as diversas empresas de Tejera de León -Angrasurcor SL, Solocorcho SL y Canarycork- facturaron cerca de 200 obras menores en dependencias de la Guardia Civil de todo el país, según informa la Policía Judicial. Aunque fue la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife la que mayor cantidad de dinero abonó al industrial lanzaroteño entre los años 2008 y 2019.
Investigación en Madrid
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La investigación iniciada en Ávila pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid al ahondar en los hechos que se instruían. Así, se detectó un presunto delito de falsedad documental que se atribuye al empresario conejero ya otro industrial, pero también a altos cargos de la Benémérita. Entre ellos, el Teniente General Pedro Vázquez Jaravaque prestó declaración ante el juez junto con otro comandante en calidad de investigados.
El Ministerio Público considera que la constructora estafó hasta 162.000 euros por las obras
Estos trabajos en los cuarteles del Instituto Armado dieron pie a que la Dirección General de la Guardia Civil intervendrá la tesorería de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ante las sospechas de que hayan producido irregularidades con los pagos de obras menores y otros servicios, así como en los movimientos de caja. Este movimiento de Asuntos Internos se da desde hace al menos un año, pero en los últimos días, a raíz de las informaciones publicadas por el caso mediador, ha pedido mas documentacion de las cuentas de las distintas unidades del Instituto Armado de la provincia para verificar si todas las reformas en los cuarteles recibidos han sido realmente ejecutadas y si el actual coronel jefe, José María Tienda Serrano, favoreció la adjudicación de contratos al constructor lanzaroteño.