La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera de Argentina, ha convocado este jueves una huelga para el 24 de enero. La medida ha sido comunicada después de que el Gobierno del ultraderechista Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley con más de 600 artículos que le otorgan al Ejecutivo atribuciones legislativas en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales, y castiga la protesta. La iniciativa del mandatario se suma a otras acciones previas que han elevado el descontento social en el país durante las primeras semanas del ultraderechista en la Casa Rosada, como un plan de shock económico o un megadecreto que, entre otras cientos de medidas, flexibiliza la legislación laboral y el sistema de salud.
Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central, ha señalado que la medida se decidió por “unanimidad” en respuesta al megadecreto de Milei, que consideran “ilegal” y “no constitucional”. “No hay ni necesidad ni urgencia para aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz administrativa de nuestro país”, ha indicado el sindicalista sobre la medida, que entra en vigor este viernes y puede ser rechazada por el Parlamento. Daer también ha apuntado contra el proyecto de ley con más de 600 artículos que el Congreso tratará en sesiones extraordinarias. “La ley ómnibus es exponencialmente peor que el DNU”, ha zanjado. Pablo Moyano, otro de los dirigentes de la CGT, ha marcado el camino que seguirán: “Vamos a estar en las calles. A él [Milei] lo votaron para que gobierne y a nosotros nos votaron los trabajadores para que los defendamos”.
La huelga anunciada por la CGT contempla una masiva movilización al Congreso nacional, según han asegurado los sindicalistas. Los detalles se definirán en un plenario el 10 de enero. La marcha será un nuevo desafío al protocolo antiprotestas implementado por el Gobierno. Los sindicatos hicieron una primera demostración de fuerza este miércoles con una concentración en el centro de Buenos Aires para repudiar un megadecreto que firmó Milei con más de 300 reformas que desmantelan el Estado. La concentración reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, y acabó con seis detenidos en el marco de un gran operativo de seguridad para controlar la marcha. En la concentración, los manifestantes ya demandaban a los dirigentes sindicales un llamado a huelga. “¡Poné la fecha!”, exigían desde las calles.
Mientras eso ocurría, el Gobierno de Milei, que ganó las elecciones en noviembre con el 56% de los votos y se respalda en ese apoyo para impulsar sus medidas, presentaba en el Congreso una ley ómnibus, llamada así por su extensión y variedad de temas. La iniciativa declara al país en situación de “emergencia pública” por dos años –prorrogables a cuatro–, le otorga al presidente facultades legislativas y cambia de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social y da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación –incluso las “espontáneas”– y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto de ley también introduce modificaciones al Código Penal para ampliar el derecho de la legítima defensa y dar un respaldo mayor a las fuerzas de seguridad.
El descontento social también ha estado alimentado por el despido por decreto de más de 5.000 empleados estatales contratados en el último año y las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera semana de Gobierno. El titular del Palacio de Hacienda presentó entonces un decálogo que, entre otras medidas, devaluó la moneda nacional un 50% y anticipó una quita de subsidios a la energía y el transporte que se hará efectiva a partir de enero. A la ya crítica situación económica de Argentina –donde la inflación supera el 160% y la pobreza, el 40%– se sumó este ajuste brutal. Los sectores más vulnerados fueron los primeros en sentir el impacto en los bolsillos.
Las centrales sindicales no convocan una huelga desde 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri. En los cuatro años de gestión del peronista Alberto Fernández no anunciaron ninguna medida de este tipo pese al deterioro económico. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, los sindicalistas venían midiendo el termómetro y avanzando con cautela en las medidas para frenar lo que consideran un “avasallamiento” de los derechos. En las últimas semanas avanzaron por tres caminos contra las medidas del Gobierno: presentaron una medida cautelar contra el megadecreto de Milei, que fue rechazada por la Justicia; se reunieron con los legisladores del Congreso y salieron a las calles. La CGT finalmente puso fecha este jueves a la huelga en un clima de creciente conflictividad social.
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