La denuncia de Lucas Jorge Benvenuto (30) por abuso sexual infantil contra Juan Martín Rago, conocido como jey mamón (46), hace visible la pérdida de protección de los derechos del niño por parte del impuesto que instituyó la prescripción. La gran duda que se presenta: ¿El Ministerio Público Fiscal podría haber actuado de otra manera?
La respuesta a la que llegan varios expertos en derecho penal entrevistados por Clarín es un tan rotonda. Primero hay que tener en claro que «por nuestro Código Penal el plazo de prescripción de la acción se cuenta desde el último hecho y en el caso de los delitos sexuales el plazo máximo es de 12 años“, declaró la abogada Nadia Rivas, representante de las tres víctimas del exdirector médico del colegio ORT, Alberto Cirulnik.
Benvenuto denunció a Jey Mammon en 2020. El procesojudiciaire resultó menos de un año y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 sobreseyó al conductor en marzo de 2021 porque el delito denunciado había prescripto en 2019. Un punto llamativo es que la propia fiscalía instó a la prescripción.
Pese a que los abusos denunciados fueron cometidos desde que Benvenuto tenía 14 hasta los 17 años (del 2007 al 2010) y no existian leyes que ampliaran los plazos de prescripción (como las dictadas in 2011 y 2015), en ese momento estaba vigente la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa podría haber sido la clave para evitar la receta.
Desde 1994, la Convención sobre los Derechos del Niño pasó a tener jerarquía constitucional. Es decir que Argentina tenía (y tiene) la obligación de asegurar el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, de protegerlos contra toda forma de abuso y violencia, y de velar por su interés superior.
En este tratado internacional y en la Convención Belém do Pará se basa en el ejemplo Mauricio Viera, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y María Piqué, fiscal de la Unidad de Asistencia, para llamada sobreseimientos dictados debido a la prescripcion en causa de abuso sexual en la niñez.
Fuentes jurídicas explican que “desde 1921 hasta 2011, el abuso sexual infantil tenía el mismo régimen de prescripción que los demás delitos: el plazo corría desde la medianoche en que se cometió el delito. Es incompatible con la posibilidad de un chico abusado que debe ser denunciado rápidamente«.
Y aclaran: «Ese plazo de prescripción no tenía en cuenta todo el tiempo que le lleva a una persona denunciar. Sumado a que muchas veces los abusan de sus representantes legales, lo que imposibilita denunciar hasta que el niño deja el hogar familiar al ser adulto«.
El Congreso enmienda el problema de la prescripción en este tipo de casos en 2011 al dictar la ley 26.705 que dispone que ese plazo empieza a correr desde que la persona abusada cumple los 18 años.
Cómo vivir un poco cortos con el plazo, en 2015 la sanción fue la ley 27.206. La norma vigente es que la prescripción se suspenda mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido los 18 años la persona denunciada o ratifique la denuncia realizada por sus representantes legales cuando era menor.
Los tax que call los sobreseimientos sostienen que en los abusos cometidos antes del 2011 el régimen de ese momento era incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Belém do Pará, y por eso Plantean que es inconstitucional aplicar el régimen anterior al 2011.
Sin embargo, se presentó en los tribunales a Clarín, » its pocos los tax que solicitan la prescripción en estos casos «, dado que la mayoría se adhiere a la postura de Viera. En esa misma línea, el abogado Alfredo Vitale -representó a una de las víctimas del «ciudadano ilustre» de Gualeguaychú, Gustavo Rivassos- tiene que la postura de la fiscalía se debe a deber a dos cuestiones. «Desconocerla vigencia de los tratados internacionales donde el resultado es más fácil de aplicar la prescripción para menos trabajo«, reflexión.
El letrado llamó la condena de 8 años a Rivas basado en la Convención de los Derechos del Niño y el Tratado de Viena, que priorizó el interés superior del niño. De esta forma forzada que fuera condenada a 23 años de prisión por abuso sexual infantil.
Aqui surge otra pregunta: ninguna instrucción del procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, para que los impuestos no pidan la prescripción en este tipo de causas. Se descuenta que deben interpretar la ley y los plazos de prescripción a favor de la vigencia de la acción. Justamente lo que no se cumplió en la causa de Benvenuto contra Mammon.
Además, como Benvenuto no se presentó con un abogado, no se apela el sobreseimiento por prescripcion. «La fiscalía podría haber pedido que se continuara la investigación, y se llegara -al menos- al juicio por el derecho a la verdad», sostiene, como Benvenuto no se presentó Además con un abogado, no se apela el sobreseimiento por prescripcion. “La fiscalía podría haber pedido que se continuara la investigación, y se llegara -al menos- al juicio por el derecho a la verdad”, sostiene Rivas.
Y ha insistido en que «a la fecha de los hechos denunciados por Benvenuto, se encontraban vigentes tratados de derechos humanossuscriptos por nuestro país, que obligan a la investigación de los delitos contra la aparato sexual de niñas, niños y adolescentes».
Sin embargo, las fuentes tribunalicias reconocen que «los juicios por el derecho a la verdad no están regulados en el país, entonces ningún avance en la práctica«. Como la acción prescribió no se podría aplicar el Código Procesal Penal, por ejemplo, para que el imputado comparezca por la fuerza.
Los tratados internacionales
La gran cantidad de normas internacionales que protegen a las víctimas de litos parecieran haber sido olvidadas cuando el fiscal en el caso de Jey Mammon solicitó la prescripción.
«Algunos tratados reconocidos fueron ya en 1948, año en que la víctima ni siquiera había nacido, cuando promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 8 dice que ‘toda persona tiene volver a la ONU recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentesque la ampare contra actos que violen sus derechos básicos reconocidos por la constitución o por la ley’”, mencionó Rivas.
Además hay muchos otros instrumentos útiles para una buena comprensión de casos de abuso sexual infantil, como la Convención Americana de Derechos Humanos, las 100 Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
El artículo 15.2 justamente de este último pacto establece que «el principio de irretroactividad de la ley no se opone al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, resultaron delictivos según los principios del derecho reconocidos por la comunidad internacional».
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