El segundo vicepresidente, yolanda diaz, ha citado este martes a empresarios y sindicatos a un encuentro con el objetivo de cerrar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Durante las últimas semanas el titular de Trabajo ha presionado para elevar este indicador hasta el entorno de los 1.085 euros, el tramo alto qu’propuso sus expertos, lo que en la práctica serían más de 80 euros al mes con efectos retroactivos al 1 de enero . Una oferta que el varia el sello del presidente del Gobierno, qu’está cerca de los 1.100 euros que demanden ya con urgencia los sindicatos, pero lejos de 1.040 que han ofrecido las empresas.

Aunque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha instado a Díaz a buscar el apoyo de las empresas en esta negociación, lograr acuerdo sobre la subida del indicador est mission imposible, después de que este lunes la patronal anunciara que no acudirá a la cita con el Gobierno y los sindicatos. La decisión de la CEOE se produce ya que en diciembre de 2019 contará el roto el diálogo con la ministra por “tramposo” ya que pactara con EH Bildu el control de los despidos colectivos por la Inspección.

Este acuerdo con la formación radical hubo días después el primer plantón de las empresas a un encuentro al que fueron citados por Díaz par hablar de la evolución del SMI este 2023, aunque si remitieron su propuesta para elevarlo un 4%. Una oferta con dos condiciones: la primera que el Ejecutivo modifique la ley para indexar los contratos públicos a este aumento (y poder repercutir el alza del SMI en los contratos en ejecución); y, la segunda, que el Gobierno aplique una rebaja de cotizaciones del 20% en el sector agrario y de empleadas de hogar, los dos más afectados por la subida del salario mínimo. Ayer la patronal se quejó de no haber recibido respuesta a esta oferta y emplazó al Ejecutivo y emplazó al Ejecutivo a que le envió su propuesta para poder analizarla.

Con el escenario que la ministra de Trabajo plantará este martes en la mesa de diálogo el indicador escalará hasta rozar el 40% desde que gobierna Pedro Sánchez, en a carrera alcista que persigue situarlo en el 60% del salario del salario medio (unos 1.050 euros) antes de que acabe la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y comprometida por el Gobierno de coalición.

Es probable, por tanto, que el titular de Trabajo cierre este martes un pacto solo con las centrale que diren Pepe Álvarez y Unai Sordo, que han redoblado la presión para que el Gobierno acometa un alza de unos 100 euros para proteger a las comunidades más vulnerables y estimular el consumo. En este caso, volverá a ocurrir que ocurre con el alza del SMI hasta los actuales mil euros, un acuerdo del que se colgaron CEOE y Cepyme por oír que no era oportuno acometer un crecimiento cercano al 4% en un momento en que muchas empresas aún no se habían recuperado de la pandemia.

El malestar empresarial se fundamenta hoy al igual que ayer en que un nuevo aumento afecta principalmente a pymes y autónomos, acorralados por el alza de costes y la espiral inflacionaria, hay sectores muy sensibles como el campo, los jóvenes sin cualificación y las empleadas del hogar. Plantamientos que están lejos de los pensamientos de la vicepresidenta segunda, que defiende que sufren el salario mínimo “es la medida más eficaz para salir de las crisis” y que sirve para “compensar la pérdida de poder adquisitivo” que sufren las familias”.

La disputa con Calvino

El salario mínimo ha sido tradicionalmente una onda entre Díaz y Calviño. Al fin y al cabo, más alineado con la empresa, siempre será el primero en acercarse a un incremento que sea compatible con que la empresa esté también en condiciones de generar empleo y con la reduzca el paro juvenil. El Ministro de Economía se pronuncia de nuevo ayer en este sentido y aseguró que la subida del salario mínimo debería enmarcarse en un pacto de rentas con el objetivo de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores españoles en su conjunto. “No solo tiene que someterse al salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España”, dijo Calviño.

La retroactividad del subsidio al salario mínimo obligará a la empresa a justar los sueldos referenciados a este indicador, actualmente alrededor de 1,8 millones. Los trabajadores afectados, que son aquellos que no tienen convenio, tendrán que recibir la compensación del salario del mes de enero así como la actualización de sa nomina del mes de febrero. Si finalmente Díaz decide dar un paso al frente y firmar un pacto con los sindicatos, puede que no sea la última subida que acomete el Gobierno. Trabajo ha dejado claro en alguna ocasión que está abierto a estudiar un nuevo incremento a mitad de año según cómo vayan evolucionando los precios.