El más alto entre los países desarrollados.

La mayoría de los países desarrollados han abolido el impuesto a la riqueza neta. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva que puede llegar hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuesto, aunque a tipos significativamente más bajos que los de España.

Según datos de la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España es progresivo y varía desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000€.

Además, en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a los tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes españoles con propiedades en el extranjero, mientras que las propiedades ubicadas en España están sujetas al impuesto incluso si el propietario no vive en el país.

En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a los activos nacionales como a ciertos activos extranjeros.

Aunque España tiene la carga fiscal más alta del mundo, los grandes patrimonios en España ejercen un esfuerzo fiscal mayor que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita de Suiza es tres veces mayor que el de España y el de Noruega es 2,5 veces mayor.

Los expertos creen que este tipo de impuesto es ineficaz, por lo que muchos países desarrollados han decidido abolirlo. Según la OCDE, en 2022 el impuesto sobre el patrimonio en España representó el 0,54% de los ingresos tributarios totales, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% de los ingresos tributarios totales, lo que equivale al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos tributarios por este impuesto representaron el 4,35% del monto total, lo que equivale al 1,19% del PIB.

Los expertos aseguran que estos impuestos generan pocos ingresos, elevados costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Tax Foundation que estos impuestos son ineficaces debido al mal diseño y los altos costos de implementación.

En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de impuestos viola la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía presentaron un recurso contra el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.

El llamado “impuesto temporal de solidaridad”, que grava los activos superiores a tres millones de euros, se introdujo para evitar la supresión del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.

En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han adaptado su propio impuesto sobre el patrimonio, estableciendo un impuesto autonómico que lo diferencia del impuesto nacional de solidaridad y ofrece una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron el umbral de exención hasta los tres millones de euros, y Murcia lo elevó hasta los 3,7 millones de euros.