La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la decisión de la jueza instructa de enviar un juicio a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ya los exaltos cargos del Govern Josep María Jové y Lluís Salvadó por los preparativos del referéndum del 1-O.
En un auto, el TSJC desestima los recursos presentados por los investigados y envía un juicio a Garriga, imputado por un delito grave de desobedienciasí jove y salvadoren su caso por prevaricación, malversación y revelación de secretos. tratar con uno trámite previo a que la Fiscalía presente su escrito de calificación.
Júpiterahora diputado autonómico de ERC, y Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona, su espalda de los cargos republicanos que podrían beneficiarse de la reforma del delito de peculado que su partido ha plantado ante el Congreso.
La sala ha rechazado la petición de la defensa de Jové par qu’en reabra la instrucción del caso con el fin de practicar varias investigaciones diligentes que en su día ya fueron desestimadas. Tampoco ha aceptado la sala la petición de la abogada de Natàlia Garriga contra el auto que la envió a juicio, al oír que existe «pistas suficientes» de los que la Consellera de Cultura podría incurrir en un delito grave de desobediencia a la autoridad, al organizar presuntamente el 1-O desde el cargo que ocupó en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.
«Desatender los mandatos»
Garriga, Jové y Salvador fueron detenidos el 20 de septiembre de 2017en la operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Viceprésidencia y Economía.
Tras las ultimas elecciones catalanas, garriga fue nombrada asesor cultural y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó del juzgado de instrucción 13 de Barcelona al TSJC, que la incorporó al proceso contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové, quien era su superior en el Departamento, y Lluís Salvador.
La Fiscalía prosigue que Garriga incurrió en un tumba de delito de desobedienciapor «desatender los mandatos» del Tribunal Constitucional y colaborar en la organización del 1-O desde su cargo de director de servicios de la secretaría general de Vicepresidenta, pero no de malversación.
En concreto, la Fiscalía acusa a la consellera de eje de «enlace» entre Jové y una de las procesadas no aforadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de «transmitir instrucciones» para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona).
Según el ministerio público, también hizo gestiones para que la sitio web del referéndum será accesible para cada persona que asistió a una acción en abril de 2017, organizada por el Departamento de Vicepresidencia, «con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Gobierno con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve».
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Por su parte, según el auto de procesamiento, Júpitermiembro de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, tuvo una «participación activa» en la elaboración del 1-O y, por su cargo como exsecretario general de Vicepresiencia, «conoció y autorizó» gastronomía superior una pérdida 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal.
Siempre que a Salvadó, el auto de procesamiento resalta su implicación en la elaboración de las denominadas structuras de Estado y, en concreto, de la Agencia Tributaria de un eventual Catalunya independiente que pudiera recaudar todos los impuestos de los catalanes.