Crónico. En un momento en que se premia la intervención estatal en la “planificación ecológica” y la soberanía industrial, redescubrir la experiencia japonesa en materia de política de innovación no carece de interés, sin por ello idealizarla o querer transponerla tal cual en el contexto francés, ya que los sistemas de innovación tienen lógicas diferentes.
El libro de dos economistas japoneses, Hiroyuki Okamuro y Junichi Nishimura, La economía del apoyo a la I+D: hacia una política basada en pruebas (Ediciones Yuhikaku, 2022, sin traducir), acaba de ser coronado con el prestigioso premio «Economista» 2023, mientras que la reputación de Japón se ha desvanecido en los últimos años en términos de innovación. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la participación pública del gasto en investigación y desarrollo (I+D) en Japón es solo de alrededor del 17 %, en comparación con casi el 23 % en los Estados Unidos.
Porque contrariamente al “mito” de Silicon Valley de que el gobierno desempeñó un papel menor en la innovación, la realidad muestra que el estado federal de EE. UU. invierte mucho, aunque a menudo provocado, en innovación a través del gasto militar y la seguridad.
Un techo en beneficio del interés general
Además, la política pública de innovación no se limita al gasto en I+D. Los dos autores se apoyan en datos sólidos y originales (cuentas de empresas, presupuestos gubernamentales, patentes, etc.) para describir el diseño mismo de las políticas de innovación y medir sus efectos reales según varios indicadores (productividad de las empresas asistidas o de sus socios comerciales, etc. .).
Los resultados muestran que los gobiernos tienen un papel que jugar en la innovación a la hora de poner un techo en beneficio del interés general, y que el mercado no ha sabido resolver a los actores. Sin embargo, el estado también es falible y, por lo tanto, es importante evaluar sus políticas.
Los autores observan que la constitución de consorcios integrados por empresas privadas, universidades y organismos gubernamentales no solo tiene efectos sobre la productividad de los participantes, sino que también tiene efectos positivos sobre los socios comerciales.
Un incentivo para la optimización financiera
También señalan que al ser muy heterogéneos los intereses e ideas de los distintos participantes, rápidamente aparecen problemas de riesgo moral y de parasitismo. En este contexto, los subsidios públicos conducen a la formación de confianza mutua, mientras que el control gubernamental de los proyectos mejora los resultados al fortalecer el compromiso de los participantes.
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