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Explorando «pérdidas y daños» en el contexto climático

¿Cómo incide el cambio climático en las políticas agrarias de Extremadura?


Pérdidas y daños es un concepto central en las negociaciones internacionales sobre clima que se refiere a los impactos negativos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación (reducción de emisiones) ni gestionarse completamente mediante la adaptación. Incluye tanto pérdidas económicas (daños a infraestructura, pérdidas agrícolas, coste de reconstrucción) como pérdidas no económicas (desplazamiento de comunidades, pérdida de cultura, biodiversidad y derechos territoriales).

Cómo se distingue de los enfoques de mitigación y adaptación

  • Mitigación: medidas dirigidas a recortar la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el incremento de la temperatura planetaria.
  • Adaptación: propuestas orientadas a reducir la vulnerabilidad y robustecer la capacidad de reacción ante impactos previstos, como levantar diques, desarrollar variedades agrícolas más resistentes e incorporar sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: efectos remanentes que continúan aun tras aplicar acciones de mitigación y adaptación, junto con impactos repentinos o definitivos que resultan imposibles de compensar plenamente.

Clases de daños y pérdidas

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de arrasar la infraestructura en cuestión de horas.
  • Procesos lentos: aumento del nivel del mar, desgaste de las zonas costeras, salinización, sequías prolongadas y una paulatina merma de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: gastos directos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos obligados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y afectaciones sociales profundas.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en agricultura y vivienda; las estimaciones internacionales señalaron que millones quedaron desplazados y hubo miles de millones de dólares en daños.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi provocó muertes masivas, destrucción de infraestructura y pérdidas económicas que se estimaron en miles de millones de dólares, además de un impacto humanitario prolongado.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): colapso de servicios esenciales y daños valorados en decenas de miles de millones de dólares según distintas estimaciones; evidenció cómo impactos extremos generan crisis sanitarias y migraciones internas.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (por ejemplo, comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y pérdida de territorio, obligando a planificar reubicaciones transnacionales o nacionales.
  • Sequías y agricultura: en regiones del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías recurrentes y plagas vinculadas al clima reducen ingresos agrícolas, incrementan inseguridad alimentaria y empujan migraciones.

Contexto global y escenario político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): la discusión sobre pérdidas y daños forma parte de las negociaciones desde hace años; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños para coordinar investigación y acción técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron crear un fondo específico para abordar pérdidas y daños, especialmente para apoyar a países en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. La puesta en marcha implica definir gobernanza, fuentes de financiamiento y criterios de acceso.
  • Tensión política: existe desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si el apoyo constituye reparación, compensación o solidaridad; algunos países temen obligaciones de responsabilidad legal y otros exigen justicia climática.

Evaluación, atribución y apreciación de valor

  • Ciencia de atribución: permite determinar hasta qué punto el cambio climático generado por actividades humanas incidió en la recurrencia o intensidad de un evento extremo, ofreciendo sustento para decisiones de financiamiento aun cuando no siempre aporta conclusiones firmes en cada caso.
  • Valoración económica: cuantificar daños directos suele ser relativamente directo (infraestructura, producción), aunque calcular pérdidas no económicas —identidad, expresiones culturales o biodiversidad— presenta mayores complejidades y con frecuencia resulta insuficiente al convertirlas en montos monetarios.
  • Brechas de datos: los países con menor capacidad estadística afrontan barreras para medir impactos y justificar solicitudes de apoyo, lo que incrementa las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de reacción y financiación

  • Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
  • Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
  • Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.

Retos operativos y dilemas éticos

  • Equidad: aunque muchos países han contribuido mínimamente al calentamiento, suelen padecer sus impactos más severos; por ello existe una clara base ética para promover transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la solicitud de compensar daños acumulados históricamente choca con la resistencia de algunos Estados a aceptar compromisos jurídicos y financieros.
  • Implementación operativa: se debe definir con precisión quién podrá acceder al fondo, cómo se fijarán las prioridades, de qué forma se garantizará la transparencia y de qué manera asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como la desaparición de territorios insulares o la pérdida de identidad cultural, no pueden remediarse solo con recursos económicos; requieren soluciones políticas más amplias, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Recomendaciones y sugerencias óptimas

  • Combinar enfoques: articular prevención, preparación, seguros y financiamiento sostenible para afrontar pérdidas económicas y respaldar inversiones que refuercen la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incorporar a pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y ejecución de medidas que aseguren adecuación cultural y resultados efectivos.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de control y rendición de cuentas que faciliten el seguimiento del uso de los recursos.
  • Soluciones regionales: promover la cooperación en fondos y esquemas de cobertura de alcance regional (incluidos acuerdos de reasentamiento entre estados insulares y países anfitriones) para administrar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños ponen de manifiesto un momento decisivo: el cambio climático ya genera impactos que muchas comunidades no pueden revertir por cuenta propia. Enfrentar esta realidad requiere combinar la ciencia de atribución, políticas financieras equitativas, acciones para disminuir riesgos y una visión basada en derechos humanos que permita crear respuestas legítimas y eficaces para quienes afrontan las mayores adversidades.

Por Jorge Gómez Iglesias