Agentes de la Sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil -del grupo que investiga el caso Cuarteles-, y técnicos de la Dirección General de Patrimonio han mantenido una reunión para organizar el examen de las obras in acuartelamientos del instituto armado en los que pueden cometerse delitos de estafa, cohecho o falsedad documental, confirman a este diario fuentes próximas a las pesquisas policiales del caso.

La reunión, tendrá prioridad en la trayectoria de esta instrucción judicial, se ha celebrado esta semana en Madrid previo aviso a esa dirección general, dependiente del Ministerio de Hacienda. El encuentro no ha tenido nada de institucional, y sí de operative: los agentes de Asuntos Internos acudieron a informar sobre el número y localización de casas-cuarteles de la Guardia Civil en el territorio de las 13 comandancias en las que se han realizado las 193 obras hasta ahora bajo sospecha por supuestos amaños de contratos.

El caso Cuarteles es la investigación de esas supuestas irregulares, conforme en favor concesiones sin competencia, inflado de precios y pago de obras no ejecutadas. Por ese caso están investigados en causa tres jefes de la Guardia Civil –Teniente General Pedro Vázquez Jarava y dos tenientes coroneles-, el fabricante canario Ángel Ramón ‘Mon’ Tejera hay un trabajador autónomo, pintor, de Alicante.

mucho trabajo

Este encuentro ha pretendido acotar todo el volumen del trabajo, eso no es poco. Es «praticamente 45 veces el comunicado en un principio», dijo en junio pasado un primer perito designado por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructura del Ministerio del Interior, expresando «la imposibilidad» de abarcarlo.

En agosto de 2019, en una primera fase local de instrucción del caso, el arquitecta abulense maría teresa castillo peritó para el Juzgado de Instrucción 2 de Ávila las obras, todas ellas polémicas, realizadas por operarios de Mon Tejera en 27 instalaciones de la Guardia Civil de aquella provincia.

Pero quedan por evaluar 166 cargas de repintado, secado, reparación de cubículos, derribo y construcción de muros, eliminación de humedades… un río de contratos que fluyó entre 2014 y 2019 y propició a Mon Tejera -y en mucha menor proporción su socio alicantino- una facturación de cercana a los tres millones de euros.

El reencuentro de esta semana supone el comienzo del fin de una demora de meses en una parte clave de la investigación del caso. Se ralentizará la instrucción con la esperanza de tener peritos con los que certificar hasta qué punto se quedarán sin hacer -pero se pagaban- las obras investigado. “En muchos casos se necesita ser un experto en albañilería o pintura para saberlo”, explicó uno de los guardias civiles afectados por el caso.

Tan pronto como el primer perito sea desbordado incluyendo antes de empezar, el 2 de octubre de 2022 Asuntos Internos comunicó al Juzgado de Instrucción 3 de Madrid -al que el de Ávila ha pasado el caso- que la Dirección General de Patrimonio del Estado poner poner gente «para llevar a cabo las periciales acordado», ha contado en un comunicado de este viernes el Ministerio del Interior.

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El pasado 26 de enero, y tras comprobar que no había oposición por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado, el juzgado requirió a la Dirección General de Patrimonio para que designe peritos. «Nosotros siempre hemos estado dispuestos, a la espera de lo que nos piden», indican a este diario desde ese departamento de Hacienda.

The pericial también se vio tardizada en su momento por el «debido sigilo» que requerirá la investigación de Asuntos Internos, apuntan fuentes policiales próximas a la investigación del caso. Al principio, en 2019, el análisis se había limitado a las obras de Ávila y así hubo hasta que el asunto llegó a Madrid, ampliado a raíz de la declaración del segundo mando investigado, el teniente coronel Carlos Alonso.