Sindicatos y empresarios deberían tener más influencia en la gobernanza de un sistema de seguros tan poco conocido como imprescindible: el que indemniza a las víctimas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En la noche del lunes 15 al martes 16 de mayo, al término de una sesión final de negociación que duró casi diez horas, alcanzaron un proyecto de acuerdo interprofesional nacional que refuerza sus prerrogativas en esta rama del Régimen General de la Seguridad Social.
El texto ya cuenta con el imprimatur de los tres movimientos patronales: Medef, Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME), Unión de Empresas Locales. Las cinco organizaciones de trabajadores, por su parte, deben consultar a sus autoridades antes de adoptar una posición, pero la CFDT, con toda probabilidad, firmará. La CFE-CGC también parece ir en esa dirección, aunque se reserva su respuesta. Las partes interesadas tienen hasta el 31 de mayo para dar a conocer su decisión.
La gestión de los riesgos profesionales se basa en un sistema que constituye uno de los cinco pilares de la «Sécu» – con el seguro de Salud, el ramo de autonomía, la red de cajas de asignaciones familiares y el seguro de vejez. En la actualidad, la rama de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT-MP) goza de una excelente salud financiera: en 2022 generó un superávit de 1.600 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas -a sabiendas de que en 2023 el resultado podría ser mejor, en 2 200 millones, según las expectativas más recientes.
La prevención, un “pariente pobre”
El sistema obedece a reglas un tanto singulares: integrado al Medicare, asocia un organismo, denominado comisión AT-MP, en el que se sientan representantes sindicales y patronales. Vota sobre el presupuesto, formula opiniones sobre las tasas de cotización, etc. En cuanto a los recibos, esperan la mayor parte de las contribuciones pagadas por las empresas.
Durante años, los interlocutores sociales han lamentado verse confinados a una posición subordinada dentro del sistema. También deploran que la prevención “sigue siendo el pariente pobre”, los medios que se le otorgan bordean los 300 millones de euros anuales, lo que se considera notoriamente insuficiente. Finalmente, las medidas de reparación a favor de las víctimas podrían, a su juicio, ser mejoradas.
Es para transmitir a estos «dificultades» que se abrió una negociación, en julio de 2022. Inicialmente, los protagonistas apuntaban a concluir a fines del año pasado, pero se incurrió en el retraso, en particular por la reforma de las pensiones. El plan del gobierno interrumpió las discusiones, pues preveía un drenaje de los excedentes del ramo para financiar acciones destinadas a prevenir el “desgaste profesional”. Se acompaña, además, de una reducción del tipo de cotización para compensar el aumento de las cotizaciones pagadas por las empresas al seguro de vejez. Es más, los sindicatos han sido muchas veces monopolizados por las movilizaciones contra el informe a los 64 años de la edad legal de jubilación.
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