El mercante ‘Galaxy Leader’ es escoltado por embarcaciones de la milicia huti en el mar Rojo tras su secuestro el 19 de noviembre.HOUTHI MILITARY MEDIA (via REUTERS)

El refuerzo de las medidas de prevención, protección y respuesta antiterrorista acordado recientemente por el Ministerio del Interior tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás no son únicamente para tierra firme. En una reunión celebrada a comienzos de noviembre por la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista ―el órgano integrado por expertos de todos los cuerpos policiales e Interior que se reúne periódicamente para analizar la situación y determinar las medidas de seguridad a adoptar―, el departamento de Fernando Grande-Marlaska acordó elevar también el nivel de alerta para los buques mercantes y barcos de pasajeros que, con pabellón español, surquen determinadas zonas marítimas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de Interior. En concreto, para los que naveguen en las aguas territoriales de Israel y las 12 millas náuticas frente a las costas de la franja de Gaza, además de en el golfo de Aqaba, al este del Sinaí egipcio, y en el mar Rojo.

La decisión de incrementar la alerta terrorista para los buques con pabellón español fue comunicada el 3 de noviembre por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al entonces director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla ―que el 5 de diciembre fue nombrado secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo―, para que este la hiciera llegar a las compañías navieras. Si bien el Ministerio de Transportes es la autoridad nacional competente para la protección marítima, corresponde a Interior establecer los niveles de protección y los contenidos mínimos de los planes de seguridad de los buques, así como “dirigir y coordinar las actuaciones en caso de incidente real”.

Según fuentes de Interior, en la comunicación se detalla que las medidas se adoptan por un tiempo indefinido “hasta que por parte del ministerio se disponga lo contrario”. Fuentes de Marina Mercante confirman que el aviso del departamento de Grande-Marlaska se transmitió ese mismo día, a los oficiales de protección de todas las compañías que tienen buques de bandera española, como marca el protocolo.

Interior tomó la decisión de reforzar la seguridad de los buques españoles después de que, el 17 de octubre, en una reunión extraordinaria de la mesa de evaluación tras el estallido de la guerra en Gaza, acordara también incrementar la protección policial de diferentes legaciones diplomáticas en España. Entre ellas, las embajadas de Israel, Turquía, Palestina, Líbano y Jordania, así como las de los 26 países de la UE ―con especial atención a las de Francia, Suecia y Dinamarca― y las de EE UU y el Reino Unido. En ese caso, se mantuvo el nivel cuatro en la escala de cinco que recoge desde 2015 el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Sin embargo, en el mar no se aplica esta escala, sino una adoptada a nivel mundial en diciembre de 2012, a raíz de los atentados del 11-S en EE UU, conocida como Código internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), que cuenta con únicamente tres niveles de alerta.

Hasta ahora, los buques españoles estaban en el nivel 1, el más bajo, que contempla la adopción por parte de la tripulación de los barcos de “medidas mínimas” de protección durante la navegación o cuando esté atracado. Entre ellas, cerrar o proteger los puntos de acceso, utilizar sistemas de vigilancia así como “guardias o patrullas” y emplear “dispositivos automáticos de detección de intrusos”. Con el paso al nivel 2, los buques españoles deben “incrementar la frecuencia y la intensidad de la vigilancia y el control del acceso a las zonas restringidas”, dedicar más personal a la guardia y el patrullaje o aumentar la cobertura e intensidad del alumbrado, así como usar “con más frecuencia” equipos de detección mecánicos o perros adiestrados para revisar equipajes y cargas. El último nivel de alerta extrema todas estas medidas e incorpora otras, como inspecciones submarinas del casco del buque.

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En el mar Rojo, una de las zonas afectadas por la medida de Interior, la milicia de los hutíes de Yemen, aliada de Irán, ha lanzado en las últimas semanas más de 100 drones y misiles balísticos contra una decena de grandes embarcaciones que navegaban en el estrecho de Adén, una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Además, el pasado 19 de noviembre esta milicia secuestró en la zona el Galaxy Leader, un carguero con bandera de Bahamas propiedad de una empresa parcialmente controlada por un empresario británico-israelí Abraham Ungar, uno de los hombres más ricos del Estado judío. Estados Unidos ya ha anunciado la puesta en marcha de la bautizada como Operación Guardián de la Prosperidad, en la que quiere que participen otros países, entre ellos España, con el objetivo de proteger, precisamente, los buques que circulan por el mar Rojo. El Gobierno español ya ha comunicado que no planea participar de forma bilateral y que solo intervendría en la operación si decidieran hacerlo la OTAN o la UE y siempre en el marco de dichas organizaciones.