Tras la revisión de la sentencia del ‘trial’ por parte del Tribunal Supremo, adaptándola a la reforma del Código Penal, Junts per Catalunya ha acusado directamente al alto tribunal de actuar como «legislador, opinador político y justiciero» al mantener las penas de inhabilitación ha líderes como el secretario general de Junts, Jordi Turull o al líder de ERC, Oriol Junqueras.
Ante esta decisión, acordada con los abogados de los directentes soberanistas, tanto Turull como su antecesor en Junts, Jordi Sánchez, han decidido pedir la nulidad de la resolución del Supremo y, en caso de no conseguirla, recurrir al Tribunal Constitucional. El objeto final de esta estrategia sigue siendo obtener una resolución de la justicia europea a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Nos veremos en Europa donde hay justicia, no venganza», apuntaba Turul este lunes tras conocerse la resolución judicial.
Junts considera que la decisión del Supremo confirma que el pacto del PSOE y ERC para revisar el Código Penal no ha dado frutos. El más contundente a la hora de denunciarlo ha sido el ‘expresident’ Carlos Puigdemont al calificar de error los pactos «alone, in secret and sin mediador» con los «españoles». Turull ha calificado de contraproducente porque el resultado es «inverso» al que pretendía al retocar el Código Penal. «Es una decisión que tomó una formación política por sus partes en contar con el resto pero si la idea era la déjudicialización, vemos cuales son los resultados», ha aseverado.
De la sedición a la alternativa más grave
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Irse derogación delito de sedición y la reforma de la malversaciónEL Corte Suprema estaba obligado a revisar la sentencia y su conclusion es que los que fueron condenados por sedición deben serlo ahora por desobediencia en concurso real con otro de malversación de caudales públicos en su modalidad más grave.
Así Junqueras, Raúl Romeva, Turull y Dolors Bassa no ven rebajada la pena impuesta por malversación porque un fin ilegal como el referéndum del 1-O no puede enmarcarse en la nueva fórmula que castiga el destinar un dinero público a otro fin también público y la inhabilitación queda por cumplir se mantiene intacta. A Sánchez y Jordi Cuixartrespectivamente, sí se les condena ahora como autores de un delito de desórdenes públicos, pero se declaró extinguida la pena de inhabilitación que aún cumplieron. El expresidente del Parlamento carmen forcadell y los ‘exconsellers’ Josep Rull y Joaquim Forn, principales beneficiarios de la reforma, sus condenados como autores de desobediencia, y, como la pena prevista para este delito no supera los dos años de inhabilitación, ya la han cumplido con creces.