Allá prisión de un exalcalde de Vitacura, una de las comunidades más acomodadas de Santiago, y la suspensión partidaria de una diputada de la coalición oficialista, pusieron bajo los focos un nuevo debate sobre la corrupción en Chile. El casco salpica al gobierno de Gabriel Boric, cobra mayor dimensión al tratarse de uno de los países de la región con mejores antecedentes contra las prácticas corruptas.
La trama fue destapada en 2021 cuando las autoridades de la comuna Vitacura denunciaron irregularidades financieras cometidas en ese municipio santiaguino. Según esas denuncias, de manera mensual y desde hacía varios años se entregaban sumas de dinero a Raúl Torrealba, quien dejó su puesto de alcalde hace dos años forzado por la ley municipal que le impidió volver a presentarse a la reelección.
Torrealba es un antiguo miembro del partido conservador de la derecha tradicional chilena Renovación Nacional.
El ultimo viernes, una sentencia decretó la orden de prisión preventiva de 150 días para Torrealba, que está imputada por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, además de liderar una organización sospechosa de defraudar con dinero público desde Vitacura.
La organización en cuestión es Democracia Viva, de la norteña región de Antofagasta. Este fondo está representado legalmente por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada oficialista Catalina Pérez, que integra el partido Renovación Democrática (RD), socio del Frente Amplio, la coalición de gobierno encabezada por el presidente Gabriel Boric.
Luego de días de debates, la directiva de RD presentó este martes una pelea contre todos los que resultaron responsables en el contexto del caso y separó del partido a la diputada Pérez.
En la misma línea, el presidente Boric calificó el domingo el caso de «gravísimo» y declaró: «No se puede aminorar o tratar de bajarle el perfil a esta situación. Acá hay responsabilidades políticas que hay que hacer valer. La Justicia tendrá que determinar su camino».
El fiscal, Francisco Jacir, solicitó la medida cautelar contra el ex alcalde Torrealba»para evitar que el imputado siga cometiendo el delito de lavado de activos y se siga produciendo el ocultamiento de su patrimonio”.
Junto al encarcelamiento de Torrealba, el juez seguro nocturno domiciliary arresto, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse entre ellos en el restaurante de los acusados: Antonia Larraín, colaboradora del alcalde; el exdirector de Democracia Viva, Domingo Prieto Urrejola; el exdirector de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, José Renato Sepúlveda; y los contadores, Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González.
Una vez que el caso fue revelado, Antonia Larraín ha decidido “denunciarse” y colaborar con el Ministerio Público. “Manipulado sobrio con dinero”, reconoció Larraín agregó que “Ocurrió desde julio o agosto de 2018, cuando empezó a ocupar el cargo de director de Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me dijo que todos los meses recibirás un sobrio con la suma aproximada de 5 millones de pesos (6.250 dólares) que debía entregárselo tiene él”, afirmó en la causa.
Según la acusación, durante la gestión de Torrealba en Vitacura (1996-2021) se habrían desviado fondos públicos por unos 450.000 dólares.
From acuerdo con lo que trascendió de la investigación, from Democracia Viva se habrían firmado tres convenios sospechosos con el servicio regional (Seremi) de Vivienda de la región de Antofagasta. El senador Juan Ignacio Latorre, el presidente de RD, dijo que Democracia Viva no pertenece a esa agrupación política, aunque los programas administrativos destinaron a decerer servicios de salud y deporte a los vecinos.
Con tan solo 85.400 habitantes, la comuna de Vitacura es el lugar de mejor calidad de vida en el área metropolitana, con zonas planas y montañosas a los pies de la Cordillera de los Andes ya menos de una hora del centro de Santiago.
Expertos consultados por EFE señalan que los casos del ex alcalde conservador Torrealba y las sospechosas relaciones entre el partido progresista Renovación Democrática y la fundación investigada demuestran que la corrupción es transversal et no depende solo de los colores políticos.
Según un índice elaborado por Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks, Chile es el tercer estado latinoamericano que mejor lucha contra los casos de corrupciónsolo por detras de Uruguay y Costa Rica.
El estudio advierte, no obstante, que el promedio del continente descendió por primera vez desde 2020, y que diez de los quince evaluados cayeron en su puntuación.
Fuente Agencias