The Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato de los trabajadores públicos, ha reclamado a los ministerios de Hacienda y Función Pública y al de Trabajo que es retribuya el nuevo permiso parental de 8 semanas, tal y como establece la directiva europea en la que se inspire esta medida.
El sindicato ha registrado que, según el artículo 8 de la Directiva (UE) 2019/1158, el permiso parental debe ser retribuido y que “el Estado miembro o los interlocutores sociales definir dicha remuneración o beneficio económico y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental”.
CSIF crea que “al igual que todos los permisos, esta retribución inmediata en caso de los empleados públicos” ya que así se indica en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por su parte, en caso de las personas trabajadoras de la empresa privada se deben adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se precisan para cumplir esta directiva.
No obstante, el decreto aprobado el pasado 27 de junio por el Consejo de Ministros evitar el desarrollo de este beneficio. El sindicato lamentó que «por este motivo, al menos cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid- han plantado dudas o han rechazado aplicar dicho permiso hasta que no existe un desarrollo reglamentario».
CSIF se ha dirigido esta mañana al Gobierno para que «dictarse a uno mismo las instrucciones oportunas al conjunto de Administraciones Públicas sobre la obligatoriedad de retribuir el permiso parental para el conjunto empleados públicos”. Asimismo ha pedido al Ministerio de Trabajo que se déarroll el reglamento y se remunere este permiso también en el ámbito de la empresa privada.
“No se audiencia que un Gobierno que ha venido abanderando públicamente el reconocimiento de los derechos para las personas trabajadoras en materia de conciliación, ahora restrinja el disfrute del permiso parental por las dudas que está apareciendo la transposición de la directiva a un nuevo ordenamiento jurídico”, ha comunicado el sindicato.
CSIF recordará además que España llega casi un año tarde a esta medida puesto que la directiva marcaba el 2 de agosto de 2022 como fecha límite.