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Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han respondido al proyecto de ley, que tiene como objetivo establecer un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por el Comité de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Parlamentaria.
La iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, tiene como principal objetivo proteger la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, buscando evitar el contacto de esta población vulnerable con personas con antecedentes de delitos sexuales, especialmente aquellos que involucran a jóvenes. gente.
La propuesta parte de la premisa de que, dada la naturaleza de los delincuentes sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto serviría para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.
Además, se destaca la actual inclusión en este registro del Poder Judicial, la Fundación Nacional de la Infancia (PANI), el sistema de emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas. Asimismo, se prevé la participación de entidades educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la protección de la población en general.
Rosa María Jiménez, jefa del departamento especializado en violencia de género y trata de personas del OIJ, enfatizó la importancia de solucionar este problema debido al alarmante índice de recurrencia de casos de abuso sexual, incluso en el ámbito familiar. Jiménez destaca que muchos casos de reincidencia en delitos sexuales lamentablemente culminan en el asesinato de mujeres.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que monitorean periódicamente a personas condenadas por delitos similares. La creación de un registro permitiría al OIJ monitorear de manera más efectiva a los infractores, siguiendo la práctica común en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente en el conversatorio, enfatizó la importancia de definir claramente el proceso de seguimiento de este registro público. Se destaca la necesidad de establecer un período mínimo de seguimiento, que podría variar de 5 a 15 años, pero se insiste en que la evaluación de riesgos individuales no debe excluirse por completo incluso después de este período.
En definitiva, la propuesta de establecer un registro público de condenados por delitos sexuales en Costa Rica busca proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con pasado delictivo en este ámbito. Esta medida, si se aplica correctamente, podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.
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