El juez de guardia en Barcelona ha dejado en libertad a la exconsellera de Enseanza y eurodiputada de Junts, Clara Ponsat, despus de que as lo haya acorado el Tribunal Supremo, que la cita a comparecer el 24 de abril prximo con la advertencia de que volver a ser detenida si no se presentó.
Ponsat, propiedad de los Mossos d’Esquadra hacia las 6.00 p.m. a raz de una orden del Supremo, ha abandonado los juzgados de guardia de Barcelona at 11.00 p.m. petición del Supremo y rodeda de varios centenares de personas, entre ellos directos de Junts como Laura Borrs, Francesc de Dalmases o Albert Batet.
El juez instructor pablo llarena ha dictado esta misma tarde un auto en el que acuerda dejar sin efecto la detencin de la exconsellera, as como el procesamiento por rebelda que acord despus de que huyera de la justicia espaola para evitar ser juzgada por el caso del procs.
En su auto, Llarena cita a la eurodiputada para que compárese que prximo 24 de abril ante el Tribunal Supremoasistida por un abogado, con el fin de comunicarle que está procesada por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, solo de inhabilitación.
Además, la opinión de ese si no comparece podrá modificarse «su situación personal» y podrá ser conducida ante el tribunal «por la fuerza pública».
La defensa de Ponsat, que ha regresado hoy a España tras más de cinco años huida de la justicia española, keepe que su detencin es ilegal puesto que goza de inmunidad por su condicin de diputada del Parlament Europeocmara que precisamente tiene fijada una sesin plenaria para maana, segn indica la agencia Efe.
No obstante, Llarena replica en sur auto que Ponsat fue procesada en marzo de 2018, por lo que la inmunidad que alcanza en junio tras su proclamación como europarlamentaria no demande que tenga que tramitar un suplicatorio ante el Parlamento europeo para acordar su detención.
«Escuchar que la inmunidad opera más todo el momento procesal literalmente marcado en las normas anteriores supondrá desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía», abundante Llarena.
Para el magistrado, la inmunidad «protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado».