Los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han rechazado apoyar en el pleno del Congreso de los Diputados la propuesta de ley impulsada por Junts que buscaba reformar la Ley de Enjuiciamiento Penal (LECrim) para derogar el artículo 384 bis, que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios líderes del ‘trial’ tras su procesamiento por el referéndum ilegal y antes de existir sentencia firme.
El artículo señala que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o carga pública quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación carcelaria».
Por el Diputado de Junts Josep Pages y Malló, derogando este artículo para reducir el derecho de excepción en España, para evitar poner en riesgo la presunción de inocencia y la división de poderes y «se cierra la vía a una indebida intromisión de los tribunales» en la vida legislativa. En consecuencia, en su turno de palabra ha aclarado que se trató de una mjora para los representantes electos Porque así se acabaría con una «reliquia antiterrorista de los 80», «un artilugio defasado» que permite adoptar decisiones a jueces de instrucción y que cuenta con «une dudosa constitucionalidad».
Diputado ha cargado contra «los jueces españoles» a los que ha acusado de aplicar con este tipo de artículos «una agenda política». Y ha recordado que en el caso de los líderes independentistas procesados y condenados por el referéndum ilegal «supuso una sanción anticipada» porque fueron «apartados por las togas de la representación que la ciudadanía otorgó».
Por tanto, ha apuntado que el 384 bis «es una argucia procesal, un truco grave de los jueces», y ha mencionado un dictamen de un comité que pertenece a la ONU para subrayar que es una violación de los derechos fundamentales.
Pero el diputado del grupo socialista Francisco Aranda el ha respondido que no es oportunani justificó ni motivó la derogación del artículo y ha avanzado su voto en contra de la proposición porque el artículo en supone la adopción de una medida cautelar por delitos muy graves.
«Encallados en la tensión»
Al hilo, ha lamentado que desde Junts solo propongan derogar sin alternativa cuando el Tribunal Constitucional ha consolidado doctrina al respecto y dice que no se vulneran los derechos constitucionales. Sobre el dictamen del comité de la ONU ha matizado que el mismo ni vincula ni es el sentido general de Naciones Unidas.
Tras esto, Aranda ha lamentado que Junts siga encallada en la política del enfrentamiento y la tensión mientras España y Catalunya miran al futuro. «Siguen embarrados en el pasado: España no es una democracia fallida, son argumentos retorcidos y falsos», ha apuntado, para luego echarle en cara que denuncie que hay represión desde la tribuna del Congreso.
mismo modo, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha afeado a Junts que reiteren este tipo de iniciativas sin perseguir mejorar la vida de la gente y solo buscando «quitar obstáculos legales» para su causa separatista. «No contaran con nuestro apoyo», ha recalcado, para añadir que ese artículo es «una herramienta jurídica en manos de los jueces para la defensa del Estado de Derecho».
Al igual que el PSOE, el PP ha registrado que esta medida temporal de suspensión de carga no se ha aplicado a personas inocentes «y de paz»sino que en el caso de los separatistas había ya auto de procesamiento firme y prisión provisional».
Sober el dictamen de este comité de la ONU ha incidido en que no demande reparación al Estado sino que asevera que con el mero documento es reparación suficiente, y ha afeado a Pallès que ha salido a desacreditar a los jueces acusándoles de activismo político. «Eso es inadmisible y una falta de respeto a la separación de poderes que invalida su iniciativa», ha añadido.
Ciudadanos: medida lógica y proporcionada
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha recordado que la aplicación del 384 bis no es «un capricho de un juez fascista» sino la decisión de un tribunal de instrucción «que ha apreciado índices», y ha registrado que además el acusado puede haber recurrido a una instancia superior.
Así, ha renegado de que Junts quiere que encausados con prisión deban provisional estar en sus despachos «pudiendo volver a hacer daño a las víctimas» de su delito y con «los españoles pagando su sueldo». «No tienen ni pies ni cabeza», ha enfatizado.
En este sentido, ha incidido en que la medida es lógica y proporcionada y ha pedido a Junts el esfuerzo de mirar más allá de los líderes independentistas y les ha puesto el ejemplo de un policía que fuera detenido y procesado por organización terrorista: «¿puede seguir ejerciendo de policía? Es ridículo», ha apostillado.
Bal, de hecho, ha abogado por ampliar los delitos recogidos en este artículo de la LECrim a los cometidos contra la Constitución y en contra del orden público.
Diputado de Vox José María Figaredo se ha apartado de valorar la proposición para centrar su discurso en que los diputados junts «son muy antiespañoles, odian lo español y procuran socavar las instituciones del Estado» pero tienen que cobrar un sueldo público «son los más patriotas».
«Que opinan los electores que creen que los adalides de la independencia les representan (…) pero en realidad se forran con oro del César», ha insistido para acabar llamando a los nacionalistas «judas» y acusarles de estar «atornillados en sus sillas».
ERC y PNV, un favor
La propuesta de Junts ha contado con el visto bueno y el apoyo tanto de ERC como del PNV. La diputada de Esquerra Carolina Telechea registró que el estado español es una «democracia profundamente imperfecta» porque «hay jueces que retuercen la ley, han existido presos políticos y exiliados».
Al hilo, ha considerado que es buen momento para avanzar porque «no se puede apartar a los disidentes políticos sin un proceso con garantías», y se ha alegrado de que Junts por fin dé por buena la estrategia de ERC que pasa por la transformación política , «para niños avanzados».
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Para el diputado del PNV Mikel Legardala iniciativa de Junts es una buena oportunidad para la comisión y con la correspondiente ponencia de reflexión sobre la conveniencia de limitar la ambición a la norma y al automatismo.
Mientras, diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha probado su intervención para echar en cara a juntas que cada vez esté «más escorado a posiciones de orden» y que se posiciones de manera que eviten las críticas a los grupos económicos que hacen daño a la democracia. «Ustedes siempre del lado de los grandes lobbies», ha lamentado, para luego indicar que desde el partido catalán «demanden solidaridad cuando les atacan los poderes del Estado pero se ponen de lado cuando las víctimas son otras».