Una agricultora y su hija han muerto este martes después de que un vehículo embistiera contra una barricada levantada en una carretera del suroeste de Francia. El atropello, en el que también ha resultado herido el marido y padre, se produce en plenas protestas de agricultores en el país, una movilización que crece cada día y genera preocupación dentro del Gobierno del centrista Emmanuel Macron. El primer ministro, Gabriel Attal, se reunió el lunes con el principal sindicato del sector y lo hará este martes con otros dos.

Las víctimas, una agricultora de 35 años y su hija de 14, han sido atropelladas a las 5.45 durante un bloqueo de carretera en Pamiers, una localidad del suroeste de Francia situada a escasos kilómetros de la frontera con España. Ambas estaban con su marido y padre, de 40 años, que resultó gravemente herido. La muerte de la adolescente, que estaba en un “estado crítico”, ha sido anunciada por la Fiscalía de Foix por la noche.

Los primeros indicios apuntan a que el accidente no ha sido premeditado. La Fiscalía ha abierto una investigación por “homicidio involuntario agravado y de heridas agravadas”. Los tres ocupantes del vehículo han sido detenidos, según el Ministerio Público. El coche chocó contra un muro de paja, erigido en el contexto de la movilización que sacude el país desde el jueves.

“Este drama legitima aún más nuestra lucha”, reaccionó Luc Smessaert, vicepresidente del sindicato agrícola FNSEA, el primero de Francia, a BFMTV. Los agricultores del país protestan desde hace días en contra del aumento de los costos de la energía y de las reglas ambientales europeas. Francia es la primera potencia del sector de la Unión Europea y es el primer receptor de fondos de la PAC, la política agrícola común del bloque.

Desde el jueves, varias autopistas del país han sido bloqueadas, como la A-64, una vía que conecta Toulouse, en el sur, con Bayona, en el suroeste. La movilización se ha extendido a todo el territorio, de norte a sur y de este a oeste, con tractores bloqueando el paso con la ayuda de fardos de paja.

Los principales sindicatos amenazan con intensificar sus acciones. “La magnitud de lo que se está preparando no se verá alterada por esta tragedia”, ha dicho Arnaud Rousseau, presidente del FNSEA, el poderoso sindicato creado en 1946 y que reivindica 212.000 participantes. “La lucha continúa”, ha insistido en la emisora RMC.

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Jérome Bayle, una de las figuras del movimiento de protesta, advirtió el lunes de que los agricultores estaban dispuestos a paralizar la capital, París, y boicotear el próximo salón de la agricultura en febrero para ser escuchados por las autoridades. El momento es clave. Las elecciones europeas son en junio.

El Gobierno, entre tanto, busca evitar que las primeras chispas se conviertan en incendio. “He pedido al Gobierno que se movilice plenamente para aportar soluciones concretas a las dificultades a las que se enfrentan”, ha dicho el presidente, Emmanuel Macron, en la red social X, después de la tragedia.

El Ejecutivo ya ha dado los primeros pasos. El nuevo primer ministro, Gabriel Attal, se reunió el lunes con los dos sindicatos mayoritarios, pero sin anunciar medidas particulares. Este martes tiene también encuentros con otros sindicatos para tratar de aplacar la crisis.

Es su primer examen desde que tomó el cargo el 11 de enero, sucediendo a Élisabeth Borne. En la cita del lunes participó también el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, quien ha prometido una respuesta del Gobierno antes de que termine la semana.

Los agricultores franceses reclaman medidas que van desde la simplificación administrativa hasta indemnizaciones más ágiles en caso de catástrofes. Las primeras protestas empezaron en otoño, con el volteo de paneles de señalización a la entrada de los pueblos para alertar del sentimiento de abandono.

El descontento es un terreno fértil para el Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha que lidera los sondeos en Francia para las próximas elecciones europeas de junio. A lo largo del fin de semana, su presidente, Jordan Bardella, se desplazó al departamento de Gironda, en el suroeste, para hablar con representantes del sector. Attal hizo lo mismo, unos 600 kilómetros más al norte.

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