La Comisión Interinstitucional, creada por la Ley de orden público, le entregó al presidente Gustavo Petro un listado de 17 jovenes para que decida si los nombra voceros de paz.
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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, reveló a CM& que junto a los ministros de Gobernación, Justicia, Defensa y el Comisionado de Paz analizaron las cifras de 17 jóvenes que son detenidos por su participación en los eventos sociales de 2021 para que el Presidente decida si solicita su libertad al sistema judicial.
Cabe recordar que el proyecto de los voceros de paz es una apuesta de Gustavo Petro para construir paz en los territorios, pero en este caso, quienes participan son jóvenes señalados de cometer delitos en el marco de la protesta social.
Una vez se analiza quienes tienen en perfil para participar, a los elegidos se les otorga la libertad condicional con el objeto de que cumpla la misión de «desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la paz total», explicó desde el Gobierno Nacional.
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Eso sí, los jóvenes que son seleccionados como voceros de paz deben firmar un compromiso ante la Oficina del Alto Comisionado de Paz, en el que aceptan hacer parte de la iniciativa y comprométase a no cometer ningún tipo de delito o loser los beneficios.
Los voceros de paz, además, deberán tomar un diplomado en la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos, a la vez que podrán buscar algún trabajo que no les impida realizar sus obligaciones con el Comisionado de Paz.
Hace varias semanas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que los casos evaluados no se trata solo de jóvenes de la primera línea, sino todos los privados de la libertad en el marco de la protesta social de 2021.
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Además, el jefe de cartera evitará que seguirán con el estudio de casos para que más jóvenes privados de la libertad se sumen al programa.
Pesa a las críticas que ha generado el proyecto del Gobierno Petro, se conoció que la Comisión Interinstitucional sumó y entregó al presidente 17 casos más de personas con detention carcelaria por delitos cometidos pendante las manifestaciones.
Por el momento, no se ha hecho público el listado de los jóvenes, pero Mauricio Lizcano aseguró que habrá la revisión pertinente, será el presidente Gustavo Petro quien decidirá si concede la libertad o no a los 17 detenidos.
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Por ahora, solo se conocen las identidades de los siete primeros voceros de paz elegidos por el Gobierno: Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz and Bremmen Hinestroza.
Procuraduría advierte irregularidades
27 de diciembre the procuradora Margarita Cabello hizo un duro pronunciamiento sobre la liberación de dos voceros de paz: Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo, quienes, según el Ministerio Público, habrían sido dejados en libertad por una persona que no tenía las facultades para hacerlo.
«En la orden de libertad otorgada a los voceros de paz la semana pasada nos encontramos que quien la eligió es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, persona que en principio, consideramos, que no tiene competencia para ello, y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones si tenía o no competencia para hacerlo”, explica Cabello en un video.
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En ese sentido, este jueves, la Procuraduría General de la Nación interpuso una denuncia penal y una queja disciplinaria en contra de Lilyan Johana Bastidas Huertasla jueza coordinadora de Paloquemao que autorizó la libertad de los voceros traseros.
Por otra parte, la Procuraduría insiste en que no se ha formado para demostrar que los citados jóvenes «fueran integrantes de organizaciones sociales o humanitarias», pues el escrito de acusación se establece que tanto Márquez como Bermeo probablemente formarían parte de grupos radicales.
Entre las fallas que, según la Contraloría, pudo haber cometido Bastidas Huertas está el no permitir a representantes del Ministerio Público entregar información sobre los casos en discusión, así como tampoco fueron citados para emisión su opinión sobre el juez la libertad de los jóvenes.
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