El canciller Olaf Scholz ha convertido la polémica sobre el calentamiento en la prueba tangible de que su ‘coalición semáforo’ es operativa, a pesar de las evidentes dificultades par ponerse de acuerdo entre socialdemocratas, verdes y liberales, y había prometido que el proyecto culminaría su trámite parlamentario antes del receso de verano del Bundestag. En medio de un proceso de negociación entre las partes del gobierno se pesa que la oposición estaba denunciando reiterados errores técnicos en el texto legal, fruto del retorcimiento de l’enguaje y el agregado de cláusulas contradictorias para satisfacer los encontrados principios de los tres partidos, la ley fue acordada a toda prisa y debia ser aprobada el viernes. Scholz estaba cantando victoria cuando el Tribunal Constitucional Federal ha detenido su aprobación en un procedimiento de urgencia.

Los jueces de Karlsruhe han determinado que la segunda y tercera lectura del proyecto legal no deben llevarse a cabo colgante la semana en curso de las sesiones parlamentarias, tras atender los argumentos presentados por el diputado de la CDU Tomas Heilman, que había solicitado un orden temporal. Esta decisión prohíbe que el Bundestag eleve a cabo el debate final y la votación de la ley hasta que el texto no haya sido presentado a los diputados para su redacción con al menos 14 días de anticipación.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, ve en este pronunciamiento del Tribunal Constitucional “una derrota severa para el Gobierno de Olaf Scholz”. Heilmann había argumentado que sus derechos como miembro del Parlamento habían sido gravemente violados por el proceso legislativo. “El semáforo está arruinando la transición térmica con un paquete legislativo de última hora y un procedimiento inconstitucional”, había acusado a la coalición de SPD, Verdes y FDP. «Debido a las breves deliberaciones sobre la modificación de la Ley de Energía de los Edificios (GEG) en el Parlamento, no ha sido posible cambiar debilidades conceptuales en el paquete legislativo», había anunciado.

El Constitucional le ha dado la razón en que el procedimiento estaba vulnerando “de forma irreversible los derechos de participación” que consagra el artículo 38 de la Ley Fundamental. La valoración de las consecuencias ha lelevado al máximo el tribunal alemán ha considerado que “prevalecen las razones para dictar una medida cautelar” y retrasa el proceso legislativo para dar tiempo a las necesarias deliberaciones y correcciones.

El proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros incluye la obligación de que todos los sistemas de calefacción recién instalados funcionen con al menos un 65% energía renovable en 2025, además de prohibir la instalación de sistemas de calefacción de gas, gasóleo y carbón a partir de 2024.

Ante la imposibilidad de establecimiento en la ley que se formó en la que es posible elevar a cabo tales imposiciones, ya está en manos de las autoridades autonómicas y locales la resolución de esta imposibilidad. La intención de la ley era ir más allá de la normativa europea recientemente aprobada en Bruselas, pero no estaba clara que los propietarios e inquilinos pudieran proceder, bajo amenaza de multas de 5.000 euros.

Discusión intensa

Los socios del semáforo han pasado las últimas semanas discutidos con intensidad entre ellos sobre esta ley de calefacción, redactada inicialmente por el ministro de Economía, Robert Habeck (Los Verdes) y la ministra de Construcción, Klara Geywitz (SPD).

El FDP ha denunciado algunos de los problemas de la coalición incluyendo problemas técnicos de la primera lectura en el Bundestag y forzó determinados cambios puntuales, que se establecieron en cláusulas parciales vagamente formuladas, un proceso muy inusual que condujo a una audiencia inicial de expertos en el proyecto ley original.

Las facciones de la comisión resultaron varias enmiendas al proyecto y la audiencia en la Comisión de Clima y Energía del Bundestag Había comenzado el lunes con unas deliberations finales a todas las luces insuficientes. «Estaba muy claro que cuatro días de trámite parlamentario no podría cumplir con nuestros estándares de democracia», ha declarado Heilmann, que ha añadido que «me complica que el Tribunal Constitucional Federal haya dado la razón y esto sin duda tendrá consecuencias para el parlamentarismo, que no puede pasar por alto tan espontáneamente estos intentos de forzar los procesos“.