El Ministerio de Igualdad rechaza frontalmente la propuesta de Justicia para reformar los delitos sexuales en el Código Penal, y no sólo porque consideró que constituye una vuelta al modelo anterior quería superar, sino porque además cree que abrió la puerta a una segunda oleada de críticas de penas en la baja.
Ha sido la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la que ha advertido este lunes del riesgo de que se revisen todos los casos que los tribunales han rechazado analizar tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.
«En absoluto», ha indicado Rosell, la propuesta socialista va a blindar frente a nuevas revisiones, de hecho «puede dar lugar tiene revisiones de tribunales que hasta ahora no han revisado».
¿Para que? Porque al introducir en ella la disposición de derecho transitorio que no estaba presente en la ley de garantía integral de la libertad sexual, los jueces y jueces que rechazaron revisar pueden opinar que ha cambiado el criterio y deben analizar los casos.
«Desde luego lo que no se puede permitir el Gobierno es dar la mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones», ha subrayado Rosell en rueda de prensa.
Desde Igualdad se han propuesto «otras posibilidades que no incurren en este riesgo, que es abrir la puerta hacia lo que se quería evitar», ha añadido la delegada.
«El Código Penal de La Manada»
Ante la pérdida del acuerdo con los socialistas, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha reconocido que se encuentra en un «momento delicado» y que está «preocupado» ante el riesgo de un retroceso en derechos de las mujeres.
Ha afirmado Rodríguez que la propuesta de Justicia constituye «una vuelta al Código Penal de la Manada que tantos problemas y revictimización han supuesto para tantísimas mujeres que sufrieron una agresión sexual».
La secretaría de Estado ha denunciado que la propuesta del PSOE coincide con la planteada por el PP: «A mí me haría reflexionar como feminista hacer una propuesta para blindar los derechos de las mujeres análoga a la que hace el Partido Popular ya la que Vox no le hace malos ojos», ha sentenciado.
Lamentan las directentes de Igualdad que el socio de Gobierno no haya considerado ninguna de las seis propuestas plantadas por el ministerio, centradas en elevar las penas introduciendo la violencia y la intimidación comme agravantes, en lugar de como subtipos penales.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género considera que el modelo planteado por el PSOE asume el esquema del «no es no» que exige demostrar «con marcas en el cuerpo, en la mente» y con revictimización que la víctima se resistió.
Rosell ha enfatizado que se han comprobado durante años los efectos dañinos que ese modelo ha tenido sobre las mujeres.
En este sentido, Rodríguez explicó que mantener la definición de consentimiento viene de poco «si una regla seguida lo que establece es que se tiene que también también la existencia de violencia para poder hablar de un delito de más gravedad».
«Evidentemente estamos volviendo a un modelo anterior, en el que la pregunta en primer lugar no es si hubo ausencia de consentimiento, sino cómo se prestó ese consentimiento», ha detallado.
Preservar el consentimiento
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Igualdad no tira la toalla, a pesar de que el PSOE se ha levantado de la mesa de negociación y ya ha registrado en soledad su proposición de ley ante la falta de acuerdo. Una vez más, el equipo descarta dimisiones: «Este no es el primer momento difícil que pasa el Ministerio de Igualdad. (…) Hoy más que nunca tenemos que estar aquí, ya les gustaría a aquellos que nos piden que dimitamos que lo hiciéramos, pero vamos a seguir aquí», ha enfatizado Rodríguez.
«Vamos a seguir trabajando lo que sea necesario para preservar el consentimiento. (…) Es un retroceso que no podemos tolerar», ha zanjado la secretaría de Estado.