El informe final de la comisión parlamentaria que durante meses ha investigado el ataque golpista del pasado 8 de enero en Brasilia, que ha sido aprobado este miércoles con holgura, solicita el procesamiento de 60 personas con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro a la cabeza. Sus señorías acusan al ultraderechista de cuatro delitos que suman 29 años de cárcel, incluido el de abolición violenta del Estado de derecho. La relatora del informe sostiene que Bolsonaro fue “el autor, sea intelectual, sea moral, de los ataques a las instituciones” que se produjeron tras la campaña sostenida que lideró para minar la credibilidad del proceso electoral. El Tribunal Supremo ya investiga al exmandatario por la asonada, pero por el momento no le ha procesado. Desde que abandonó el poder y perdió la inmunidad que le protegió durante las tres últimas décadas, Bolsonaro afronta una ristra enorme de casos. Ya ha sido inhabilitado para presentarse a unas elecciones durante ocho años y este mismo miércoles ha prestado declaración ante la policía, en Brasilia, por la asonada.
Una semana después de que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tomara posesión como presidente tras derrotar al líder de la extrema derecha en las urnas electrónicas, miles de bolsonaristas invadieron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo. Durante tres horas temblaron los cimientos de la democracia brasileña en el ataque más grave sufrido desde la dictadura. Los autores materiales de la invasión y depredación de los nobles edificios, su mobiliario y obras de arte ya están siendo juzgados y condenados por el Supremo, los primeros han recibido penas que superan los 15 años de prisión. En total, hay unos 1.500 acusados.
El informe final del Congreso ha recibido 20 votos a favor y 11 en contra en un ambiente extremadamente tenso. La relatora, la senadora Eliziane Gama, aliada de Lula, ha tenido que salir escoltada de la Cámara.
Entre las 60 personas que los parlamentarios quieren ver procesadas están, junto a Bolsonaro, cinco de sus exministros y nada menos que 22 militares, incluidos los antiguos jefes del ejército y de la Marina, varios generales retirados y el secretario personal del expresidente mientras estuvo en el cargo. El papel de los uniformados en el intento de golpe es uno de los asuntos centrales de las investigaciones sobre lo sucedido, pero también uno de los capítulos más sensibles. “Si no hubo golpe en este país fue porque el Ejército, si en algún momento fue convocado a participar, dijo que no”, recalcó antes de la votación final el presidente de la comisión parlamentaria, Arthur Maia, de un partido aliado de Bolsonaro.
Las conclusiones del Congreso pueden aumentar la presión para que el expresidente y el núcleo duro y militar de su Gobierno sean formalmente acusados por el Supremo o la Fiscalía en relación con la fracasada intentona golpista. Tras conocerse las conclusiones, Bolsonaro respondió a la comisión: “Solo soy responsable de lo que firmé”, además de preguntar retóricamente: “¿Ustedes vieron a algún soldado en movimiento?”.
La comisión de investigación que acaba de presentar sus conclusiones nació paradójicamente por el impulso de parlamentarios bolsonaristas y pese a las reticencias iniciales del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula. Los aliados del izquierdista sostenían que la comisión sería una mera plataforma para generar confusión.
El PT aceptó finalmente crear la comisión y colocó como relatora a una de sus representantes, la senadora Gama, evangélica y cercana al ministro de Justicia. “La democracia brasileña fue atacada: las masas fueron manipuladas con discursos de odio; se emplearon milicianos digitales para sembrar el miedo, descalificar a los adversarios y promover ataques al sistema electoral; las fuerzas de seguridad fueron cooptadas; hubo un intento de corromper, obstruir y anular las elecciones; se ensayó un golpe de Estado; y, finalmente, se alentaron actos y movimientos desesperados para tomar el poder”, según la autora del informe final.
Tradicionalmente, las comisiones de investigación en Brasil no tienen grandes consecuencias tangibles, pero son parte del proceso de desgaste del oponente. Por ejemplo, la comisión creada para investigar la pandemia concluyó que Bolsonaro debía ser procesado por genocidio, algo que no ocurrió. Nunca fue formalmente acusado por ningún delito relacionado con su gestión del coronavirus. Es más, recientemente fue absuelto en los tribunales de retrasar la compra de vacunas de la covid, un virus que mató a más de 700.000 de sus compatriotas mientras él difundía un discurso negacionista, promocionaba medicamentos cuya eficacia no está comprobada y presumía de no haberse inmunizado.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región