Las cuatro asociaciones de jueces han descartado este viernes ir a huelga después de la reunión mantenida esta misma mañana con el Ministerio de Justicia para abordar una mejora salarial, pero han anunciado que comenzarán a confeccionar «una calendario de medidas de presion a la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas«.

Mediante nota de prensa, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han calificado de «decepcionante» el encuentro con el departamento qu’lidera Pilar Llop.

Las asociaciones judiciales han destacado que «después de un año trabajando con este equipo ministerial para la mejora de las condiciones profesionales de la Carrera Judicial» se han encontrado con que Justicia «no ha sido ni siquiera capaz de concretar una fecha para la celebración de la Mesa de Retribuciones, único instrumento legal previsto para tal fin y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda».

«El objeto de la reunión consiste, fundamentalmente, en dar continuidad a los trabajos desarrollados Durante el año 2022 preparatorios de la Mesa de Retribuciones», han explicado, añadiendo que han «conseguido un compromiso consistente en que» la propia Mesa se celebrará antes del día 10 de mayo de 2023. «La semana del 10 de abril se nos informará de la fecha concreta», han apuntado.

Por otro lado, las asociaciones han trasladado al Ministerio que las mejores retributivas para la Carrera Judicial deben estar acordadas antes del 30 de mayo de 2023. «El Ministerio de Justicia se ha comprometido a realizar trabajos previos con el Ministerio de Hacienda», han apostillado.

Los funcionarios, una huelga indefinida

Esta reunión viene antes anuncio de huelga indefinida por parte de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG. Fue este jueves cuando señaló que irian a una huelga indefinida del 17 de abril que abarca un 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia con el objetivo de exigir una subida de salario digna, en línea con la aprobación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa.

Cabe recordar que el conflicto que los LAJ desarrollaron con Justicia llego a su fin tras mas de dos meses de huelga en los que, según los datos de las convocantes asociaciones, se suspendieron unos 400.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 480.000 demandados y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.500 millones de euros.

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En las nuevas semanas que duró el parón, la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), el Illustre Colegio Nacional de LAJ y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) informaron de una participación de entre el 85% y el 73% de letrados en la huelga, mientras que el Ministerio observó entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.

Los LAJ consiguieron la subida de sueldo tras dos meses de huelga, dos manifestaciones a las puertas del Ministerio y una serie de encuentros con el equipo de Pilar Llop. Tras la firma del acuerdo, sin embargo, desde el comité de huelga de los LAJ aseguraron que «todos» terminaron con una «sensación agridulce» porque para llegar al acuerdo «ambas partes» tuvieron que «renunciar a aspectos importantes».