A mediados de 2019 el canal ha a través del que las empresas trasladan al Ministerio de Hacienda sus dudas en torno a la aplicación de las normas tributarias para evitar que las posibles controversias se tengan que resolu después en los tribunales colapsó. Más de 3.000 consultas sin respuesta se acumulan en la bandeja de entrada de la subdirección de la Dirección General de Tributos encargado de resolver las cuestiones referentes al Impuesto de Sociedades mientras las empresas, presas de la desesperación, se vieron obligadas a aplicar à ciegas sus propias interpretaciones de la norma o en el peor de los casos renunciaban a proyectos e inversiones para no exponerse al riesgo de una inspección tributaria posterior.

El colapso obligó al Ministerio de Hacienda a poner en marcha un dispositivo de urgencia para evacuar las consultas pendientes y forzó una reflexión interna para intentar encontrar una vía que les permita dar respuesta a las consultas tributarias de las empresas, de la que en muchas ocasiones depende en reversiones de miles de millones. Cuatro años después deficiencias de personal que llevaron a esta situacion no se han terminado de resolver. Así lo ha admitido este jueves la directora general de Tributos, María José Garde, en el curso de una mesa titulada ‘Tributos, seguridad jurídica y arquitectura institucional’, organiza por el Instituto de Empresa, el despacho Pérez-Llorca y la consultora LLyC.

“Contamos con los instrumentos suficientes para dar seguridad jurídica a las empresas, pero es cierto que los medios de que disponemos son insuficientes y las empresas cada vez demanden más certidumbre”, ha admitido el gerente de la sala de máquinas del Ministerio de Hacienda, dónde se alumbran la mayor parte de las normas tributarias y se sientan los criterios à aplicar en la aplicación de las mismas.

Tenga claro que son necesarias soluciones «creativas» que permitan, por ejemplo, resolver las dudas fiscales de las empresas sobrias negociaciones de gran calibre con carácter previa formalización conocida o que, por ejemplo, refieren los equipos de la Dirección General de Tributos que se encargan de dar respuesta a las consultas de las empresas.

El responsable de Tributos ha reconocido que muchas veces los problemas como se generan en el proceso de elaboración de las normas, qu’ha admitido que podría ser más colaborativo y transparente. El catedrático de la Universidad de Uppsala en Suecia, Bertil Wiman, ha detallado como el proceso de aprobación de la legislación fiscal en Suecia, donde la iniciativa del Gobierno se ve modulada por la participación obligatoria de grupos de expertos, de interés e incluso a comité de expertos del ámbito judicial que examinó los potenciales problemas de legalidad que podrían tener las nuevas leyes tributarias.

Reforzar la seguridad jurídica en las leyes tributarias

Un modelo que según la portavoz de las grandes empresas en el Foro que comparte con la Agencia Tributaria y responsable global del Área Fiscal de Iberdrola, Begoña García Rozado, podría ser aplicable en España, dando por ejemplo participación en el proceso de redacción de leyes tributarias del Tribunal Constitucionalpara evitar la aprobación de normas que nazcan con vicios de inconstitucionalidad, como muchos expertos consideran que ha ocurrido con los nuevos gravámenes sobre banca, energetics y grandes fortunas.

“El procedimiento de aprobación de la legislación fiscal está muy marcado en España”, explicó García Rozado, “pero luego nos encontramos con cosas como impuestos aprobados a través de una proposición de ley o por una enmienda”, ha lamentado. También ha pedido más medios par la Dirección General de Tributos para reforzar la seguridad jurídica de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.